Ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, se dictó una sentencia en libertad para un acusado de haber abusado sexualmente de la hija de su pareja.
Los jueces José Octavio Flores Vásquez, Jovita Soto Maldonado y Luis Álvarez Valdés, en su sentencia le otorgaron la libertad vigilada intensiva por cuatro años al acusado, esto por reunir los requisitos para optar a esta forma de cumplimiento.
Según la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el transcurso del año 2016, en circunstancias que la menor víctima de 13 años, se encontraba al interior de su domicilio, hasta dicho lugar llegó el conviviente de su madre, quien se acercó y le realizó actos de significación sexual, actos que repitió en otra oportunidad a fines de 2016, ocasión última en que la menor se encontraba en su habitación del mismo domicilio, ocasión en que el imputado ingresó a la habitación y ejecutó la misma acción.
El acusado fue condenado como autor del delito de abuso sexual, donde también suma las accesorias de “inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; a la interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; a la de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, debiendo informar a Carabineros cada tres meses su domicilio actual; a la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad; y al pago de las costas de la causa”. señaló el fallo.
Este juicio fue el primero que se desarrolló bajo la entrada en vigencia el pasado 3 de octubre de la Ley N° 21.057 (que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a Menores de Edad, Víctimas de Delitos Sexuales), ante lo cual, el fiscal jefe de Punta Arenas, señaló que “este es el primer caso que se generó esta situación novedosa para nosotros, ya que no somos nosotros quienes entrevistamos a un menor de edad en instancias de su declaración judicial, sino que se utiliza un intermediador que en una sala especial realiza las preguntas y tiene incidencia en restringir elementos que pueden generar menoscabo a un menor de edad, en este caso fue el sicólogo Juan Carlos Levin, que se desempeña en la Unidad de Víctimas de la Fiscalía”.