“Pensé
que me quitaría la vida, tengo miedo de que me mate si sigo con él”,
fue parte de la declaración que brindó una mujer ante Carabineros, luego
de ser atacada por su conviviente, quien intentó de asfixiarla y
estrangularla en un domicilio que ambos arrendaban; uno de los tantos
episodios de violencia intrafamiliar que ha sufrido la víctima, y que la
tarde del domingo pudo haber terminado en una tragedia.
Fue
la certera intervención de los propietarios de la vivienda, quienes al
escuchar los gritos de auxilio de la mujer, acudieron en su ayuda,
logrando atestiguar el violento y desmedido ataque del individuo de
iniciales F.A.S.Z., de 49 años, quien en ese momento apretaba con sus
dos manos el cuello de su pareja, con la cual llevaba cerca de un año en
una relación sentimental.
Sin
embargo, en esos 365 días, la víctima también ha sido amenazada e
insultada por el mismo sujeto, situación que se dio a conocer poco antes
del mediodía de ayer en la audiencia de control de detención, instancia
en que el Ministerio Público formuló cargos por el delito de femicidio
en grado de frustrado en contra del imputado, además por dos delitos de
desacato.
Los hechos
Según
los antecedentes que expuso el fiscal Sebastián González, el hecho
aconteció a las 13,25 horas del domingo al interior de una pieza de la
vivienda que está emplazada en pasaje Cóndor, el individuo en manifiesto
estado de ebriedad sostuvo una discusión con su conviviente, tras lo
cual la arrojó contra una cama, tomó una almohada y se abalanzó sobre
ella colocando dicho objeto en su rostro, el cual presionó con el fin de
sofocarla, para acto seguido poner ambas manos en el cuello de la
víctima y apretárselo con claras intenciones de asfixiarla y darle
muerte.
Entre
patadas y golpes que dio la mujer, también alcanzó a clamar por ayuda,
gritos que fueron vitales, y que fueron escuchados por los arrendadores,
los que ingresaron a la habitación interviniendo para conseguir que el
atacante depusiera su actitud.
Desacato
En
este sentido, se informó que F.A.S.Z. quebrantó lo resuelto por el
Juzgado de Garantía de Hualaihué el 13 de enero de este año, que dispuso
en contra del sujeto la prohibición absoluta de acercarse a la víctima,
misma medida cautelar que estableció el Juzgado de Garantía de Punta
Arenas el 19 de mayo pasado, junto con la obligación de hacer abandono
del hogar común.
Debido a lo anterior, el persecutor solicitó enviar a la cárcel
al imputado, argumentando que la libertad del mismo representaba un
peligro para la seguridad de la sociedad, y evidentemente para la mujer.
Testimonios
Para
aquello, se basó en las declaraciones que prestaron ante la Sección de
Investigación Policial (Sip) de Carabineros ambos testigos del hecho,
quienes escucharon desde la pieza que le arrendaban hace ocho meses a la
pareja los gritos de auxilio que decían: “no me ahorques”, develando
que son constantes las discusiones entre ambas personas.
También
se dio a conocer el testimonio de la víctima, quien indicó que la
discusión había surgido porque su pareja comenzó a discutir sobre un
bote que quería comprar, y para no seguir con la conversación ella se
trasladó hacia su dormitorio, instante en que comenzó la agresión.
“Como
pude traté de zafarme, gritando y pidiendo auxilio”, detalló el fiscal
respecto a la declaración de la afectada, agregando que el sujeto tiene
problemas serios con el alcohol, y que ha interpuesto denuncias
anteriores por violencia física de parte del imputado.
Historial de violencia
En este aspecto, el persecutor
afirmó que “se ejecutan por parte del imputado dos conductas que están
destinadas exclusivamente a producir la muerte de la víctima. Si esto
hubiese durado 30 segundos o un minuto más, evidentemente le habría
quitado la vida a la mujer, y lo único que la salva es un factor
externo”.
Fundamentó
además que en este caso concurriría la circunstancia agravante de haber
sido condenado anteriormente por delito de la misma especie, debido a
que el 22 de febrero de 2016 fue declarado culpable como autor de
amenazas y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar,
siendo ésta vez la tercera causa que se le persigue por este tipo de
ilícitos.
“Acá
ha habido una escala de violencia por parte del individuo en contra de
su conviviente y una reticencia absoluta a respetar las medidas
cautelares impuestas por los tribunales. Si no se decreta la prisión
preventiva, es evidente que habrá un nuevo intento de agredir y atentar
contra la vida de la víctima”, puntualizó.
Pese
a que la defensora Vania Cáceres se opuso al encarcelamiento de su
representado, el magistrado Juan Villa consideró que sí hubo una
intención homicida, estimando que la libertad del sujeto constituye un
peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, ordenando el
ingreso del imputado al Complejo Penitenciario de Punta Arenas,
estableciendo finalmente un plazo de 90 días para el cierre de la
investigación.