A
fines del mes de mayo, la Brigada Investigadora de Robos de la PDI dio
solución a un problema que afectó al menos a tres víctimas en Punta
Arenas, afectados del delito de robo por sorpresa y uso malicioso de sus
tarjetas de crédito y débito.
El
caso tuvo como protagonista a la llamada “banda del yogur”, cuyos
integrantes, tres mujeres y un hombre, con un modo de operar sencillo,
se las ingeniaban para quedarse con el dinero de sus víctimas.
El
29 de mayo se realizó la audiencia de formalización de cargos, fecha
desde la cual Julia López Donoso, Nancy Moya Ramírez y Valeska Vega
Hernández se encuentran recluidas den la cárcel de Punta Arenas luego de
que se dictara la prisión preventiva. En tanto, el único hombre
imputado en esta causa, identificado como Jeremy Fuentes Guzmán, fue
dejado con la cautelar de arresto domiciliario total, medida que
incumplió para supuestamente trasladarse a su domicilio en Santiago.
desde esa fecha permanece prófugo de la justicia.
Durante
todo este proceso, se ha conversado entre la Fiscalía de Punta Arenas y
la defensa de los imputados sobre la posibilidad de llegar a una salida
alternativa, para lo cual los familiares de los integrantes de esta
banda habrían podido reunir el dinero defraudado a los magallánicos, el
cual asciende a los 17 millones de pesos, para reintegrarlos en su
totalidad.
En
dicho contexto, ayer se había fijado la audiencia de acuerdo
reparatorio, donde comparecieron las imputadas vía Zoom desde la cárcel
de Punta Arenas, sus dos abogados representantes, Dagoberto Reinuava y
Gustava Aguilar, además del fiscal Oliver Rammsy y el abogado
representante de las familias. Sin embargo, la audiencia, donde además
estaban presentes las víctimas, se vio postergada a raíz de una
solicitud de la Fiscalía de Puerto Montt.
Esto
tiene relación a que antes de llegar a Magallanes a delinquir, en la
Región de Los Lagos, los mismos integrantes de la banda habrían cometido
hechos con el mismo modo de operar que emplearon en Punta Arenas,
afectando a un total de diez personas en Puerto Montt, Osorno, Puerto
Varas y Frutillar.
La
solicitud generó un extensivo debate entre la defensa y la Fiscalía de
Puerto Montt, donde solicitaban al Juzgado de Garantía de Punta Arenas
declararse incompetente en este caso, debido a que los delitos en
primera instancia se habrían registrado en la zona de jurisprudencia de
dicho Ministerio Público, y que las causas de acá sean trasladadas a
Puerto Montt, donde ya se tiene agendada la fecha y hora para comparecer
y ser formalizados por los diez delitos que son investigados.
Ante
dicho requerimiento, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas tomará
algunos días para resolver la solicitud proveniente de la Fiscalía Sacfi
de Puerto Montt, por lo que la audiencia de determinación quedó fijada
para el próximo viernes al mediodía.
Al
término de la audiencia, el abogado representante de las víctimas de
estafa en Punta Arenas, Danilo Gallardo, explicó que “resulta ser
beneficioso para las víctimas, porque ya fueron víctimas de un delito de
hurto y robo por sorpresa, y además también han sido víctimas del
sistema legal, en cuanto a que entidades bancarias los han denunciado a
ellos por intentar defraudar a las respectivas entidades, atribuyendo
una culpa grave sin reconocer su calidad de víctimas. Ellos hoy en día
están expuestos a que en su contra se expongan sanciones. Por ello, como
abogado de las víctimas, hemos estado en acuerdo con los defensores de
los imputados para hacer el acuerdo reparatorio y así, con este dinero,
salir de esta situación”.
Defensa de los imputados
La
defensa de los imputados está a cargo de los abogados Dagoberto
Reinuava y Gustava Aguilar, siendo esta última quien calificó de
sorprendente que se quiera sacar la causa de la Fiscalía de Punta
Arenas, donde ya se tiene un avance considerable en la investigación.
“Por
las razones que expusimos, solicitamos al magistrado no haga lugar a la
solicitud que formula el fiscal de foco de Puerto Montt, que se remitan
los antecedentes para allá por razones de orden procesal, por los
derechos que le asisten a los imputados, porque la investigación está
agotada en la Fiscalía e, incluso, por los derechos de las víctimas.
Esta audiencia se había pospuesto en dos oportunidades, porque no
vinieron todas las víctimas, y creemos que no debiera darse lugar a la
incompetencia del tribunal, así que esperamos la resolución del
magistrado”.
A
su vez, Reinuava, indicó que “el Ministerio Público intentó una
estrategia procesal no respetando la ley, es muy clara la norma, que
dice que el fiscal, en este caso de Puerto Montt, puede conocer solo si
la unidad de análisis de su fiscalía estudió la causa, y ustedes vieron
cómo lo emplacé cuando le pedí que mostrara dónde está la constancia, de
que su unidad estudió el caso. Los fiscales de Punta Arenas, de quienes
tengo una muy buena opinión, cumplen una función reglada, no es
arbitrio, porque sino nos vamos a vivir a un país donde no haya estado
de derecho. Acá tenemos tres víctimas que hemos intentado reparar, y si
esto fructifica en Punta Arenas va a ser la primera parte donde en un
100% de las víctimas puedan ser reparadas, y hay un esfuerzo de las
familias de los imputados para poder pagar todo”.
La opinión de Fiscalía
Por
su parte , el fiscal Oliver Rammsy, quien fue el que llevó el caso de
lo ocurrido en Punta Arenas en contra de los cuatro imputados, explicó
que “la Fiscalía de Puerto Montt está solicitando que el tribunal de
dicha jurisdicción conozcan la causa conocida como la ‘banda del yogur’,
esto conlleva a que en octubre van a ser formalizado por diez hechos,
las tres mujeres que están en prisión preventiva, y que además el hombre
está prófugo, que en principio de mayo cometieron entre Puerto Varas,
Puerto Montt y Osorno hechos similares, ocupando la misma técnica,
lanzándole yogur y leche para distraer a las personas para aprovechar a
sustraer sus especies, sus tarjetas. Y hay una cantidad de dinero que se
aproxima a los 50 millones de pesos. El juez va a decidir si entrega
las competencias al Tribunal de Puerto Montt o se queda acá, además se
va a dirimir si se llega al acuerdo de la defensa, donde se le va a
pagar a las víctimas 17 millones de pesos. Si eso se aprueba, ellos
recuperarían la libertad y se irían de la ciudad”.