Ante
la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el abogado Robinson Quelín, en
representación de la madre cuya hija de 11 años realizó varios intentos
de suicidio tras ingresar a una residencia de Mejor Niñez y que ahora
se encuentra internada en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico
de Magallanes, presentó un recurso de amparo para dejar sin efecto las
resoluciones del 14, 21 y 23 de febrero de 2023 del Juzgado de Familia
de Punta Arenas, por considerarse un atentado contra el artículo 19 Nº 7
de la Carta Fundamental (El derecho a la libertad personal y a la
seguridad individual). En aquellas audiencias se pedía verificaciones y
acciones para el resguardo de la niña, ya que había logrado obtener
diferentes objetos, junto con fugarse de la residencia, para atentar
contra su vida. En una de las ocasiones logró tragarse un diminuto
vidrio.
El
escrito recuerda los intentos de suicidio de la niña, siendo
considerado dos de ellos como graves, junto con una resolución judicial
en la cual se ordenaba a Mejor Niñez contratar más personal para la
supervigilancia de la menor, lo cual finalmente no se acató.
El documento enfatiza que “lo ordenado por S.S. y solicitado en reiteradas oportunidades tanto por los programas de intervención,
profesionales de Uhcipa, Programa Mi Abogado e incluso los mismos
profesionales de (…) han señalado la necesidad de contar con tutor 24/7,
elaborando para ello un informe con dicha justificación. Sin embargo,
las direcciones de dicha institución hacen caso omiso no solo a lo
ordenado por un tribunal sino que también a lo que la misma ley que crea
dicho servicio mandata a los profesionales de dicho organismo, entonces
cabe preguntarse: ¿Estamos
frente a lo que se conoce comúnmente como una ley muerta? En la que a
pesar de ser una ley vigente lisa y llanamente no se cumplen”.
Peticiones
El
abogado solicita orden de no innovar y mantener a la menor de edad “en
la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos en Psiquiatría Infanto
Adolescente (Uhcipa) del Hospital Clínico de Punta Arenas, hasta que las
recurridas no acrediten ante SSI. que la residencia (…), cuente con
todas
las condiciones necesarias para la protección de los derechos
fundamentales que se denuncian como vulnerados, y la médico psiquiatra
estime que el alta médica será autorizada solo si en la referida
residencia se garantizan las medidas asistenciales adecuadas e idóneas
para la niña, salvo mejor parecer de SSI”.
También
se pide “que, se ordene la evaluación de las capacidades técnicas de la
residencia (…) Punta Arenas, y se disponga personal especializado para
el cuidado de la niña de autos, tanto en el Hospital Clínico, como en la
residencia recurrida, o la institución idónea”.