Con
la firma del director regional, Cristián Figueroa, el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló en contra de todos
quienes resulten responsables de las lesiones graves que sufrió V.J.R.,
quien recibió un impacto de bala tras evadir un control militar durante
el toque de queda.
El
caso tiene como único imputado al teniente Jurgen Lamig Prieto.
Presuntamente, usó su arma de servicio y disparó a la joven víctima de
25 años. Hoy se encuentra con arresto domiciliario nocturno mientras es
investigado por la Fiscalía.
Los
hechos habrían ocurrido el 26 de mayo, al costado de una plaza de
juegos infantiles ubicada en el Loteo Ovejeros. Mientras los militares
fiscalizaban un vehículo estacionado en una calle aledaña, otro móvil
irrumpió en la calzada.
Aunque
los efectivos hicieron señas para que se detuviese, el conductor no
detuvo la marcha y el teniente Lamig Prieto desenfundó su pistola
Beretta de 9 mm. “Apuntando directamente hacia el vehículo”, según la
querella, disparó en siete ocasiones.
Una
de las balas concluyó en la zona lumbar del conductor. Una ambulancia
del SAMU tuvo que trasladarlo al hospital, donde constató una fractura
en la vértebra y una perforación de recto, entre otras lesiones. Desde
el INDH indican que continúa en recuperación.
Violencia innecesaria
En
su acción legal, el organismo de derechos humanos cuestiona la
proporcionalidad con que actuó el funcionario para detener el móvil.
Aunque el Ejército tiene
atribuciones para detener, registrar y desarmar a civiles, el teniente
habría incumplido el Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF) de las
Fuerzas Armadas.
“La
acción de haber disparado en siete oportunidades un militar a un
vehículo en movimiento, con riesgo cierto de causar daño al conductor,
sin que se acredite una legítima defensa, no se encuentra autorizada por
ninguna de las reglas sobre uso de la fuerza”, se lee.
Al
igual que la Fiscalía, el INDH considera que se habría incurrido en un
delito de violencia innecesaria. En la querella se solicita que el
Ministerio Público llame a declarar a los funcionarios que participaron
del operativo y que se reconstituya la escena.