El caso
se remonta al 7 de julio del 2022, cuando se celebró un contrato de
promesa de compraventa entre, por una parte Nélida Millán, quien vendía
parcelas en el sector de Agua Fresca y Juan González Jorquera, el
comprador.
En
el acto de la celebración del contrato de promesa de compraventa, el
representado de los abogados que presentan la querella, Paola González y
Mario Zumelzu Codella, cumplió con la obligación establecida en la
cláusula cuarta del contrato en cuestión, pagando así el total del
precio de la compraventa de los inmuebles, esto es la suma de 16
millones de pesos, el cual fue efectuado mediante un cheque de su cuenta
persona. Por mandato expreso de la vendedora el documento se extendió a
nombre del abogado Marco Ibacache.
Una
vez cobrado y pagado los fondos por el banco, se entenderá
completamente pagado el precio, lo que se cumplió por parte del
comprador.
En
la cláusula tercera señala que: por el presente instrumento la
“promitente vendedora” promete vender, ceder y transferir al “promitente
comprador”, quien promete comprar, aceptar y adquirir para sí dos
lotes, correspondiendo estos a los lotes número 45 y 46, ambos de una
extensión aproximada de 5 mil metros cuadrados cada uno, los que se
encuentran debidamente individualizados en el plano proyectado antes
mencionado.
Al
momento que González Jorquera acude al lugar en donde se encuentran
situados ambos lotes, esto es, los números 45 y 46, ambos con una
extensión aproximada de 5 mil metros cuadrados, éste advierte que tales
lotes no servirían para la edificación, quien se percata al momento de
hacer un análisis del suelo, que no era posible edificar en el mismo, o
de ser posible esto, encarecía notablemente la edificación. Además,
según lo planteado en la promesa, el terrero no tenía bosque, solo
matorrales, esta circunstancia ocurre en octubre del año 2022.
En
ese estado de cosas, Marco Ibacache Cortez, le informó a Juan González
que Conaf habría realizado 16 observaciones, con respecto a dichos
loteos, por lo que el promitente comprador asiste a Conaf, haciendo las
consultas respectivas, donde el funcionario de Conaf que lo atendió
señala, que no se habrían cumplido con las observaciones realizadas por
dicha institución, y que serían de muy difícil cumplimiento. Dichas
observaciones serían para darle un número de Rol para los distintos
lotes, lo que en el caso de marras se hacía imposible.
Mario
Zumelzu, abogado representante de González y quien presenta la
querella, señaló al medio que “en este caso daba lo mismo si al
promitente comprador le gustaban o no las parcelas, porque ninguna de
las parcelas de ese supuesto loteo se puede vender, porque Conaf
determinó una serie de observaciones que no se han cumplido”.
La
pregunta que se hace el abogado es “¿Por qué se recurre a este
mecanismo de pagar el total del precio, el cual debe ser pagado al
abogado? Lo importante es determinar dónde están esas platas hoy día. Y
cuántas parcelas más están en la misma situación. Porque acá hay
claramente un delito de estafa, falta determinar quién es el
responsable”.
Sería
por tanto parcelas que se venden, o anuncian su venta, pero no tienen
los requisitos para este fin, ya que hay incumplimiento de los papeles
necesarios para esto, tanto Conaf como el SAG.
Los
abogados representantes informan que han intentado rescindir el
contrato y obtener la restitución de lo pagado sin lograrlo, desde a lo
menos el 2 de diciembre de 2022.
En
definitiva, se verifican los elementos del tipo penal de estafa:
Perjuicio, $ 16.000.000, y engaño, los inmuebles objeto no podían, ni
pueden venderse hasta el día de hoy, afirman los querellantes