Otra querella presentada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas da a entender que en un hogar para menores, una adolescente sería víctima del delito de maltrato relevante a menor de 18 años.
El escrito está presentado en contra del director de la residencia, el nuevo encargado regional de Mejor Niñez y contra quienes resulten responsables.
Lugar del hecho, nombres y detalles, son omitidos para evitar incurrir y que este medio sea acusado de trasgredir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, se recalca que esta es una querella presentada en un tribunal que aborda la persecución penal, es decir delitos.
El documento explica que el director de la residencia informa al Juzgado de Familiar que “ocurren hechos de violencia física y psíquica que afectan la seguridad individual de la vida de los internos, para el caso de auto, la hija de mi representada”.
En resumen, se informa que una adolescente agrede a la víctima con reiterados golpes de puño, siendo necesarias la intervención de los tutores, efectuando contención emocional a la afectada y trasladándola al Hospital Clínico de Magallanes a fin de constatar lesiones.
“Respecto de lo anterior, considerando que los hechos son eventualmente constitutivos de delito, se realiza la denuncia respectiva mediante correo electrónico al Ministerio Público a fin de que dicho organismo ordene las diligencias necesarias en caso de ser requeridas. Finalmente, es pertinente referir que los hechos descritos fueron debidamente informados a Curadora Ad litem del programa Mi Abogado y se remitió mediante correo electrónico la información a la progenitora”, dice el documento.
El escrito recalca que “la niña se encuentra bajo los cuidados del Estado de Chile, en mérito de una resolución judicial, de un Tribunal de la República, competente para tales efectos, incumpliendo los querellados su obligación legal de entregar los debidos cuidados y protección de la niña de autos”, siendo esto una de las motivaciones para interponer la querella.
Como es habitual, se pide entregar los detalles al Ministerio Público y que se efectué una investigación para determinar responsabilidad de las autoridades.