Más de once años de cárcel está solicitando la Fiscalía como pena a un imputado que fue detenido tras darse a la fuga de personal de la PDI, luego de intentar atropellar a funcionarios policiales y tras una persecución provocar cuantiosos daños en carros institucionales.
Los hechos de la acusación presentada por el fiscal Sebastián González, ocurrieron el viernes 29 de marzo, alrededor de las 12.30 horas, cuando el imputado Roberto Alejandro Chávez Castro, conducía su jeep Chevrolet Trooper por calle Lautaro Navarro, y al llegar a la esquina de calle Errázuriz, al encontrarse con un vehículo de la PDI, con dos funcionarios que se identificaron con el objetivo de controlar su identidad, debido a que manejaban información que pesaba sobre él una orden de detención, y al estar con el semáforo en rojo, el imputado hizo caso omiso a la solicitud policial, por encontrarse con droga -según la acusación- y huyó hacia el poniente por Errázuriz, y al llegar a calle 21 de Mayo, era esperado por más funcionarios de la PDI, que lo rodearon con sus placas y casaquillas institucionales e intentaron nuevamente fiscalizarlo. Pero allí atropelló a tres funcionarios policiales y siguió su fuga. Así continuó la persecución policial por diferentes calles de Punta Arenas, incluso en contra del tránsito para evadir el control policial, y luego de pasar por varias poblaciones, en calle Francisco Javier Reyna, a la altura del 0500, y luego de casi media hora de seguimiento, al frenar el imputado de manera brusca de su jeep, provocó daños a un carro policial, para reiniciar su marcha impactando a otros móviles de la PDI. A raíz del actuar ilícito del imputado, ocho funcionarios de la Policía de Investigaciones sufrieron lesiones, entre los que fueron atropellados, como los que iban a bordo de los vehículos institucionales que colisionaron con el móvil del imputado.
Por todos estos hechos, el fiscal Sebastián Gonzalez, acusó al imputado por ocho delitos de maltrato de obra a miembro de la policía de investigaciones, causando lesiones menos graves, solicitando una pena de cinco años de presidio, por dos delitos de daños calificados, pide dos penas de tres años de cárcel y por el delito de atentado contra la autoridad 61 días de presidio, más 25 Unidades Tributarias Mensuales como multa.
A la acusación del Ministerio Público, se adhirió la Policía de Investigaciones, en representación de los funcionarios lesionados, mientras que el Consejo de Defensa del Estado también se adhirió a la acusación, como también presentó una demanda civil por la suma de $12.798.035 pesos, que fueron los daños avaluados en los dos vehículos institucionales de la Policía de Investigaciones, correspondiente al daño causado al Fisco.
El imputado al finalizar la audiencia de preparación de juicio oral realizada este lunes, solicitó al magistrado Franco Reyes, cambiar de defensa, por lo que se debió reprogramar la audiencia de la preparación de juicio oral para el mes de octubre, ya que decidió contratar un abogado particular.
El imputado estuvo en huelga de hambre seca y líquida desde el 10 de junio hasta antes de Fiestas Patrias.