El
postulante lleva más de 20 años preso por parricidio. En abril de 2002
asesinó a su esposa Claudia Ruiz Flores, de 21 años, y a sus hijos de
entre uno y tres años de edad en la localidad de Cerro Sombrero,
Provincia de Tierra del Fuego.
Durante
su tiempo privado de libertad, el penado terminó su enseñanza y se
desempeñó activamente en el taller de mueblería. Actualmente está
recluido en el Centro de Educación y Trabajo (CET) semiabierto, donde
recibe mensualmente pedidos para fabricar muebles.
A
fines de abril postuló a la libertad condicional con la ayuda de la
Defensoría Penal Pública. Sin embargo, los jueces que componen la
comisión rechazaron su solicitud.
“El
postulante debe tener conciencia de la gravedad del delito, del mal
causado y su rechazo explícito a tales delitos, cuestión que en este
caso, ninguna de las condiciones se presenta. Se destaca del informe
además, el patrón
de orientación pro criminal del condenado, asociado a la minimización y
justificación de la conducta infractora”, dice la justificación de la
mesa.
Tras
negarse el beneficio penitenciario, la Defensoría interpuso un recurso
de amparo a favor de Garrido Silva. Argumentaron que el informe
psicosocial de Gendarmería “es un instrumento orientador y no
determinante” para conceder la libertad condicional. También esgrime las
actividades laborales realizadas por el penado en el recinto
penitenciario.
Sin
embargo, la Corte de Apelaciones rechazó el amparo por considerar que
la mesa justificó adecuadamente su decisión de no otorgar la libertad
condicional. “Se ejerció con el debido análisis de los elementos
pertinentes puestos en su conocimiento, lo que evidencia la
razonabilidad de la misma” dice el fallo.