La
Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección
interpuesto por un ganadero de ovinos que reclamó el ingreso ilegal de
una empresa minera a uno de sus predios.
Según el tribunal de alzada, la disputa legal debe ser resuelta en los tribunales ambientales de justicia.
El
recurrente trabaja con ganado ovino y posee vastos territorios en el
Cordón Baquedano, en Porvenir. Los campos deben ser mantenidos
cuidadosamente para mantener a las ovejas en buen estado de salud
durante el ciclo productivo.
La
disputa se remonta a febrero del 2021, cuando la empresa ingresó a los
terrenos del recurrente para realizar actividades mineras. El recurso
indica que se destruyeron cercos y abrieron caminos con maquinaria
pesada. El campo se tornó pedregoso y los cauces de agua se habrían
enturbiado.
Según
la acción, la supuesta intromisión produjo en el propietario “un daño
directo a su propiedad, tanto por la propia destrucción de cercos,
portones, caminos, el suelo y cursos de agua, como a la afectación de
los ovinos, especialmente susceptibles a perturbaciones externas”.
De
acuerdo a sus alegatos ante la Corte, la empresa ingresó al predio a
partir de las concesiones mineras que le fueron entregadas por
resolución judicial. La zona de explotación es a cielo abierto de un
lavadero de oro y cubre 50 hectáreas del Cordón Baquedano.
En
abril del 2021, el ganadero interpuso un recurso de protección para que
la empresa cesara su actividad hasta que no presentara la debida
servidumbre y los permisos ambientales.
La acción fue acogida por la Corte de Apelaciones y se dictó orden de
no innovar. Es decir, las faenas de la minera tuvieron que paralizarse
hasta que se resolviese el recurso.
La
sala compuesta por los ministros Marco Kusanovic, Claudio Jara y el
fiscal judicial Pablo Miño, estuvo a cargo de zanjar la polémica. Tras
analizar una serie de informes y escrituras, además de escuchar los
alegatos de las partes, resolvieron por unanimidad rechazar el recurso
interpuesto por el ganadero.
Según
los magistrados, “la competencia del asunto se encuentra entregada a la
autoridad administrativa y cuyo control jurisdiccional le corresponde a
los tribunales ambientales”.
Tras
ser comunicados de la sentencia, los abogados de la minera solicitaron
que se levante la orden de no innovar para que la empresa pueda
continuar con las faenas.