Para
las 9.30 horas de ayer estaba agendada una audiencia en la cual se les
consultaría a los exdirectivos de la Corporación Municipal de Punta
Arenas (Cormupa) si admitían los hechos del requerimiento que formuló la
Fiscalía, en torno al delito de malversación culposa por el que fueron
requeridos.
Esto
luego que a mediados de septiembre pasado, el magistrado Juan Villa
desestimara sobreseer definitivamente la causa en contra del exasesor
jurídico de la Cormupa, Hermes Hein Bozic; la exjefa de Finanzas,
Katherine Urtubia Carrasco; el exsecretario general, Hugo Bizama
Pommiez, y el exjefe de Planificación, Gonzalo Pumarino Vargas, los que
hace tres años fueron imputados como autores de los presuntos delitos de
distracción o desviación de fondos públicos y fraude de subvenciones.
En
el requerimiento se dan a conocer una serie de antecedentes en torno a
la contratación que realizó la Corporación con Chileduc, un organismo
asesor técnico en calidad de proveedor para la ejecución de la
implementación del rediseño y la modificación de los estatutos de dicha
entidad municipal, por un monto que alcanzó los 23 millones 100 mil
pesos.
Dicho
contrato de prestación de servicios fue celebrado el 26 de septiembre
de 2013, entre la entidad municipal y la consultora Redess Ltda.,
consignándose que Chileduc habría recibido dos de tres pagos con fondos
que fueron desembolsados de la cuenta de Subvención Escolar Preferencial
(Sep), hechos que habrían sido perpetrados durante el período
comprendido entre los meses de octubre y diciembre del mismo año.
Solicitud del CDE
Sin
embargo, antes del inicio de la audiencia, el abogado querellante del
Consejo de Defensa del Estado (CDE), Benjamín Sagredo, solicitó al
magistrado Ricardo Larenas que se abriera debate para oponerse a la
realización del juicio simplificado que propuso el Ministerio Público,
sino que se debía llevar a cabo un juicio oral.
Esto
debido a que, en concepto del CDE, los delitos que se persiguen
tendrían penas más altas, es decir, de crimen. En este sentido, la
Fiscalía acusó por el ilícito de malversación culposa, donde los
imputados sólo arriesgan penas de suspensión de cargos u oficios
públicos, pero no de presidio, mientras que el órgano colegiado buscaba
acreditar una malversación por distracción.
Esto
implicaría que si el delito supera las 40 unidades tributarias
mensuales (UTM), se configuraría un presidio mayor, que podría incluso
llegar a los 10 años de pena.
Al
respecto, el abogado Hermes Hein Aedo, hijo del imputado, se opuso
fervientemente a este planteamiento, al que calificó de inoportuno e
improcedente, indicando que este asunto ya fue resuelto por el Juzgado
de Garantía el 31 de enero de este año, que nunca se impugnó, y que no
existiría norma alguna que autorizara esta petición. A estos argumentos
adhirieron los otros defensores Soraya Urtubia y Ramón Bórquez.
En
este sentido, el juez Larenas indicó que en su momento la resolución no
fue impetrada por el querellante, y actualmente se encuentra firme y
ejecutoriada, por lo que rechazó la solicitud.
Finalmente,
ningún imputado admitió los hechos del requerimiento y se fijó para las
9.00 horas del 29 de enero de 2021 la audiencia de preparación del
juicio simplificado.