La
Corte de Apelaciones de Punta Arenas tendrá que pronunciarse respecto a
la sentencia que rechazó pagar casi 9.760 millones de pesos a 488
profesores vinculados a colegios de la Corporación Municipal de Punta
Arenas (Cormupa).
El
abogado de los demandantes apeló al fallo del Juzgado de Letras del
Trabajo, el cual negó acoger la demanda por daño moral sufrido por los
maestros que no recibirían sus cotizaciones previsionales.
La demanda
La
demanda se presentó a mediados de agosto en contra de “un empleador
incumplidor permanente de los derechos laborales, en especial en el pago
oportuno y eficaz de las cotizaciones de seguridad social”.
Los
denunciantes exigieron ser indemnizados en 20 millones de pesos cada
uno por el daño moral ocasionado. Además solicitaron que se condenase a
la Cormupa a una multa de casi cinco millones de pesos y que pidiesen disculpas públicas.
Los funcionarios justificaron la demanda en el atraso del pago de las cotizaciones previsionales
de salud y de AFP. También se demorarían con las cuotas de créditos
Coopeuch, Banco BCI y en la Caja de Compensación La Araucana. Además les
pagarían un monto menor al que corresponde en el fondo de cesantía.
El
juicio duró casi un año y medio. Entre la abundante prueba rendida
estuvo el testimonio de una maestra de lenguaje. “A una profesora por un
tema de salud no le daban préstamo en ninguna parte”, declaró. Agregó
que “la sensación más recurrente es la angustia e inseguridad, porque
uno confía en su empleador”.
Según
la sentencia firmada por la jueza Claudia Ortiz, constó tras el juicio
que hubo períodos en que las cotizaciones previsionales no se pagaban
durante el tiempo. Sin embargo, rechazó que se hayan vulnerado derechos
fundamentales y se haya incurrido en daño moral contra los trabajadores.
“Los
hechos no bastan para acoger la denuncia, puesto que se requiere que el
no pago de cotizaciones y créditos deben ir en consonancia con los
derechos a la integridad física, psíquica y a la honra que se denuncian
como vulnerados”, sentenció.
A la Corte
Descontentos
con el fallo, los patrocinantes de la demanda recurrieron a la Corte de
Apelaciones. Argumentan que el Juzgado del Trabajo no consideró la voz
de las profesoras que testificaron durante el juicio, cuyo relato
acreditaría el daño moral ocasionado.
El
recurso busca que se realice un nuevo juicio. Fue ingresado al tribunal
de alzada y está a la espera de ser acogido a trámite.