Entre
cuatro paredes y en privado, el Presidente Sebastián Piñera promulgó el
pasado viernes la ley que permite el retiro del 10% de los fondos desde
las AFP, y se espera que durante esta jornada sea efectivo con la
publicación respectiva en el Diario Oficial.
No
obstante, esta nueva normativa trajo a la postre una excepción bastante
particular, y que puso en aprietos a muchos “papitos corazones” –en su
gran mayoría-, puesto que en el caso de que los afiliados que sean
deudores de pensiones alimenticias y soliciten este dinero, el monto se
retendrá para traspasarlo a la parte demandante, que preferentemente son
las madres.
En
Magallanes no fue la excepción, puesto que desde el viernes hasta las
11.00 horas de ayer miércoles, el Juzgado de Familia de Punta Arenas
recibió más de 1.300 ingresos de solicitudes de liquidación para las
pensiones de alimentos, con un promedio de 400 diarias, cuando
normalmente ingresaban entre 20 a 25 por día.
Al
respecto, la magistrada presidenta del mencionado tribunal, Katherine
González Butcher, explicó que “hay muchos papás que históricamente no
han pagado. Hay pensiones que en su tiempo fueron fijadas en el mínimo,
en 60 mil pesos, y en la actualidad tienen deudas de 6 millones de
pesos, o sea, jamás pagaron. Entonces, frente a cualquier oportunidad de
recibir un pago, obviamente van a usar todos los mecanismos necesarios
que otorga la ley. Yo normalmente tengo diario un ingreso entre 20 a 25
solicitudes de liquidaciones de deudas de pensión de alimentos. Sólo hoy
ya tengo 433”.
En
este mismo contexto, detalló que en lo que va del año se registran
sobre 250 causas de pensiones de alimento en cumplimiento, y desmitificó
que existiera un aumento explosivo en las órdenes de arresto que ha
emitido el tribunal.
“Lo
que sí, nosotros sí estamos despachando arrestos porque hay otras
jurisdicciones que por la contingencia sanitaria han decidido no
hacerlo. Los padres y madres siempre tienen obligaciones que no pueden
ser desconocidas. Entendemos que estamos en una situación grave, de
orden sanitario que ha generado consecuencias sociales, laborales y
económicas bastante importantes, pero por otro lado no es menos cierto
que los niños requieren de ciertas condiciones de vida para su
desarrollo. Pueden los cotizantes solicitar el 10% de sus fondos, pero
también se debe entender que hay personas mucho más vulnerables que
requieren de que se cumplan sus necesidades y que el obligado a
cumplirlas concurra a hacerlo. Tenemos que mirar la historia de ese
niño, niña o adolescente que no ha podido comer o tener una vida que se
merece”, aseveró.
Protocolo para la retención
Precisamente
desde este martes, la Corte Suprema ha dispuesto una plataforma web
para que las personas a quienes se les adeude pensiones alimenticias
puedan solicitar la retención del dinero a los deudores, si es que ellos
intentan retirar parte de sus fondos de pensiones.
Esta
diligencia está disponible para ser realizada de manera remota en el
sitio web tramitefacil.pjud.cl, debiendo hacer click en el cuadro que
dice “Retención judicial del retiro del 10% de la AFP”. Para poder
acceder a esta sección se debe disponer de la Clave Única del Estado y
una vez ingresada aparecerá el formulario web en el que se debe
completar los datos básicos del solicitante y de la persona demandada,
además de la causa de la demanda.
“Generalmente
el alimentario (quien se quedó con el hijo o hija) solicita saber
cuánto es lo adeudado y que se ordene el arresto del deudor o deudora.
Entonces se pedía la liquidación en un formato. Ahora se creó otro
formulario que es con el formato especial del 10% de las AFP. Acá la
madre o padre custodio solicita la liquidación y pide la retención de
ese monto. El punto es que no necesariamente eso vaya a ocurrir, porque
siempre va a depender de que el afiliado de la AFP pida el retiro. Si él
no pide el retiro, no va a haber ningún derecho de hacer la retención
de ese 10%”, sostuvo la jueza González.
Preocupación por sobrecarga laboral
Por
otra parte, la magistrada advirtió que este aumento explosivo de
solicitudes de liquidación ha generado en los funcionarios del Juzgado
de Familia una sobrecarga laboral importante, debiendo redestinar, por
ejemplo, a trabajadores de atención al público para apoyar al único
administrativo encargado de la petición de los trámites, una situación
que se le ha comunicado tanto
al presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministro
Víctor Stenger, como también a la ministra de la Corte Suprema, Gloria
Ana Chevesich.
“A raíz del tema de la pandemia no hemos establecido un modo de
teletrabajo y eso ha implicado una sobrecarga en las horas de trabajo,
en el sentido de que el sistema es más lento, el internet falla, han
salido situaciones que son de carácter urgente y de repente los horarios
no son los mismos. Esto se complica con las obligaciones que tienen
muchos de los funcionarios en sus casas, porque muchos de sus hijos no
están yendo al colegio. Yo tengo un solo funcionario que hace
liquidaciones y si antes se hacían 20 diarias, en este minuto tiene que hacer sobre 400”, sentenció.