A
casi un mes de ser enviado a la prisión preventiva, la defensa de Juan
Pablo Salazar Retamal acudió por segunda vez a la justicia para que
cambiasen esa medida cautelar por otra menos rigurosa.
El
imputado –sargento primero de la Fuerza Aérea– está recluido en la Base
Chabunco por presuntamente apuñalar en 9 oportunidades, con un cuchillo
parrillero, a un funcionario del Ejército.
Los
hechos ocurrieron en la madrugada de un viernes y obligaron a la
concurrencia inmediata del SAMU. La víctima fue trasladada al hospital
en riesgo vital, mientras que Salazar Retamal fue formalizado por
homicidio frustrado.
El
30 de enero, el juzgado de Garantía decidió que cumpliese con prisión
preventiva mientras dure la investigación en su contra. La defensa apeló
a la medida ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. El jueves
pasado, el tribunal de alzada confirmó el supuesto que Salazar Retamal
era “un peligro para la sociedad”.
Ayer,
la defensa volvió a recurrir a la justicia. El abogado Cristóbal Zúñiga
solicitó al juzgado de garantía que cambiase la medida cautelar a la
libertad vigilada intensiva.
A
su juicio, Salazar Retamal propinó las 9 puñaladas en defensa personal,
pues la víctima había entrado a su propiedad y lo agredió.
Según
el abogado defensor, al imputado le favorece tener irreprochable
conducta anterior. Como prestó una declaración ante la fiscalía, dice
que colaboró con el esclarecimiento de los hechos.
“Entregó
antecedentes fundamentales para el esclarecimiento de los hechos,
renunciando a su derecho a guardar silencio y permitió esclarecer el
móvil de por qué la víctima estaba en su domicilio”, dijo el abogado
Zúñiga.
La
fiscal Romina Moscoso señaló que la defensa ha repetido los mismos
argumentos señalados durante la formalización. El único antecedente
nuevo sería un informe del Servicio Médico Legal aplicado a la víctima.
“Las
lesiones son potencialmente mortales de no mediar socorros
médico-quirúrgicos oportunos”, dijo la fiscal citando un extracto del
informe.
Tras
escuchar a las dos partes, el juez Franco Reyes decidió rechazar la
petición de la defensa. Según él, los antecedentes entregados son
insuficientes y de carácter subjetivo.
“Los
presupuestos de la necesidad de cautela que se tuvieron en cuenta –un
peligro para la sociedad– no se han visto modificados. Este tribunal no
logra apreciar en qué medida han sido alterados en un lapso tan corto
del tiempo”, dijo el magistrado.