El
12 de noviembre del 2019 fue la fecha más álgida del estallido social.
Mientras las protestas ocupaban las calles de todo el país, el
presidente Sebastián Piñera se reunió de emergencia con las Fuerzas
Armadas. Finalmente, Piñera encomendó al Poder Legislativo que buscase
una fórmula para lograr una nueva constitución.
Ese
mismo día, en Punta Arenas ocurrió un hecho que conmocionó a la opinión
pública: el incendio del edificio de AFP Habitat, que quedó con su
estructura destruida y casi se extiende a construcciones aledañas. Los
daños fueron avaluados en más de 400 millones de pesos.
Dos
meses después, Marcelo Mandujano Salas -24 años, estudiante de la
Universidad de Magallanes- fue detenido y formalizado como autor de
iniciar las llamas. Con las manos esposadas, el sujeto escuchó la medida
cautelar impuesta: prisión preventiva hasta que terminase la
investigación. “Me siento arrepentido”, dijo en ese momento.
Mandujano
Salas alcanzaría a estar 9 meses en la cárcel. En noviembre, a un año
exacto del incendio, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas
condenó al imputado por los delitos de desórdenes públicos e incendio a 5
años de libertad vigilada intensiva.
La
condena a Mandujano Salas consiste en que cumpliese un programa
especial e individualizado para su reinserción social. Esto contempla
trabajos comunitarios y orientación personal.
El fallo -que consideró la evidencia captada por cámaras de seguridad y
testigos- fue compasivo respecto a lo que solicitaba Fiscalía: 10 años
de presidio. Por ello, el Ministerio Público recurrió a la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas para apelar a la resolución del tribunal.
Sin embargo, la corte ratificó la condena de libertad vigilada intensiva contra Mandujano Salas.
“Creemos
que como Fiscalía se agotaron las instancias procesales que
correspondía ejercer para efectos de establecer una pena como el
tribunal lo estableció y una forma de cumplimiento que fuera acorde con
la gravedad de los hechos”, dijo el fiscal encargado de la
investigación, Felipe Aguirre.