El
Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en contra de los
representantes legales de la Pesquera José Clenardo Cárcamo Contreras
EIRL, una empresa domiciliada en Punta Arenas que habría evadido más de
150 millones de pesos en tributos al Estado.
Los
antecedentes surgieron a partir de una investigación del SII. Según la
acción, Sandro Cárdenas Ule y José Clenardo Cárcamo Contreras aumentaron
indebidamente el Crédito Fiscal IVA. Esto les permitió rebajar
artificialmente los montos que debían pagar en los períodos de agosto a
diciembre del 2018 y de marzo, abril, agosto y septiembre del 2019.
Para aumentar el Crédito Fiscal IVA, los empresarios pesqueros declararon 97 facturas por servicios que jamás existieron.
“Los
documentos tributarios que dan cuenta de servicios que no fueron
prestados sus emisores, no obstante, esta maniobra les permitió rebajar
irregularmente su carga tributaria al pagar montos menores por conceptos
de Impuesto a las Ventas y Servicios”, dice la querella.
Los
seis proveedores que emitieron las facturas falsas habrían simulado
mantenimientos de lanchas en Barranco Amarillo, fabricación de trampas
de centolla y reparación de viveros, entre otros servicios.
Según
la investigación del SII, las empresas no declaran impuestos ni
registran compras o adquisiciones que permitan respaldar los servicios.
Tampoco fueron ubicados en sus domicilios informados.
Uno de los proveedores de la pesquera es la Comercializadora Comaxon, que emitió
cinco facturas falsas por 66 millones. Su representante legal, Luis
Paredes Bustamante, cumple una condena de 10 años de cárcel por tráfico
de drogas.
Los representantes de la pesquera habrían contado con la ayuda
de Ernesto Vergara Almonacid, quien es sindicado por el SII como el
encargado de facilitar las facturas falsas. Él también está querellado
por “posibilitar que los receptores de esta documentación tributaria
falsa aumentaran indebidamente el Crédito Fiscal IVA que informaron en
sus respectivas declaraciones impositivas”.
El
SII cifra en 150.691.580 los impuestos evadidos por la empresa
pesquera, Cárdenas Ule habría incurrido en otros delitos tributarios.
Presentó maliciosamente su declaración anual de impuesto a la renta del
2019 y disminuyó irregularmente la base usada para calcular los
impuestos de primera categoría. Ambas acciones habrían provocado
pérdidas al Estado avaluadas en 4.700.000 pesos.
Los
antecedentes del SII ya fueron remitidos a la Fiscalía Local de Punta
Arenas. Solicitan que se despache una orden de investigar a la Brigada
Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y el decomiso de
los libros contables. También piden que se cite a declarar a los tres
querellados.