Se querellan por soldador que sufrió infarto cerebral tras detención

Ayer se interpuso una querella criminal por una supuesta agresión sufrida por
Claudio Chávez Barría por parte de un funcionario Carabineros. El
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló en contra de
quienes resulten responsables de una golpiza que lo dejó con un infarto
cerebral y el lado derecho de su cuerpo paralizado.


Los
hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de octubre pasado. La víctima
compartía un asado junto a su familia hasta que llegaron dos patrullas
policiales.

Según
la querella, carabineros habrían ingresado violentamente al domicilio
para detenerlo. Lo habrían agarrado del cuello e intentado ahorcar.
Después lo arrojaron al piso y uno de los efectivos colocó el pie sobre
su cuello.

La
madre de Claudio Chávez –que se moviliza con un bastón– intentó
intervenir, pero la empujaron hacia una reja y se golpeó la cabeza. Su
hijo adolescente también trató de socorrerlo y recibió contusiones que
fueron constatadas en el hospital.

“Cuando
yo llegué, el ‘paco’ le tenía puesta la rodilla en el cuello. Mi hijo
no respiraba. Yo le dije ‘saca tu rodilla, desgraciado, lo estás
asfixiando’. Ahí le sacó la rodilla del cuello, lo pescaron del buzo y
el polerón y lo tiraron como quien tira un saco de papas al patrullero”,
cuenta la madre de Claudio, Bernardita Barría.

Claudio
perdió el conocimiento mientras iba en el carro policial. Tuvieron que
trasladarlo al Hospital Clínico de Magallanes, donde sufrió un infarto
cerebral.

Hoy
se encuentra completamente paralizado del lado derecho y solo se
comunica a través de monosílabos. Tiene una capacidad de deglución
limitada y debe permanecer postrado. Según la querella, su pronóstico es
incierto.

“Mi
hijo era el único que trabajaba para la casa, yo tengo 67 años y vivo
de una pensión”, dice Bernardita Barría. “Ahora tengo que moverme con él
para vestirlo, para lavarlo”, agrega.

De
acuerdo con la acción legal, el procedimiento se origina por un
altercado con el régimen de visitas. El INDH acusa que el grupo familiar
fue víctima de apremios ilegítimos y solicita que la querella se remita
al Ministerio Público.

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