A
un día de que se interpusiera ante la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas un recurso de protección a favor de un médico cirujano que fue
responsabilizado por el fallecimiento de un lactante de ocho meses, el
máximo tribunal magallánico declaró inadmisible esta acción, al
considerarla como extemporánea.
Cabe
recordar que el bebé Diego Ignacio Torres Pérez, perdió la vida la
tarde del domingo 15 de julio de 2018, en el Hospital Clínico de Punta
Arenas tras sufrir una grave afección respiratoria. Previamente, había
sido trasladado desde el Hospital Augusto Essmann Burgos, de Puerto
Natales.
Respecto
a la causa penal, los padres del lactante representados por el abogado
Ramón Ibáñez, interpusieron hace poco más de un año una querella
criminal, que pretende determinar eventuales responsabilidades en
negligencias médicas, y perseguir un cuasidelito de homicidio respecto
del personal facultativo que le
brindó al menor las atenciones desde el 9 al 15 de julio de 2018, en
los recintos asistenciales de Natales y de la capital regional.
Por
otra parte, hace 589 días que el magistrado subrogante Pablo Ramos
Abarzúa, del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, autorizó
llevarse a efecto la exhumación del cadáver del bebé, puesto que en el
certificado de defunción no se establecía la causa de muerte. Además, en
la petición se explicó que el cuerpo al ser entregado a los familiares
no fue remitido al Servicio Médico Legal, por lo que no se hizo una
autopsia para determinar con precisión la causa de tal lamentable deceso.
Llegaron resultados de exhumación
Sin
embargo, en conversación con el abogado Ramón Ibáñez, explicó que
recién el pasado 15 de septiembre llegaron los resultados de la
exhumación, fecha en la que el profesional solicitó copia de la carpeta
investigativa, la cual aún no le ha sido remitida, por lo que se
desconocen las deducciones del referido procedimiento.
“Se
han realizado entrevistas, ahora el sumario ya terminó y claramente se
acreditó la responsabilidad de funcionarios del Servicio de Salud
Magallanes por falta de servicio, lo que viene a acrecentar más aún su
responsabilidad”, sostuvo.
Acciones civiles
En
otra arista y respecto a futuras acciones civiles, adelantó que existe
actualmente una solicitud de mediación que se está tramitando con el
Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Salud Magallanes, sin
embargo, por todas las complicaciones a consecuencia de la pandemia del
Covid-19, no se ha podido realizar la referida audiencia.
“Tratándose
de responsabilidad médica, por mandato legal se debe solicitar esta
mediación, y si ésta se frustra y no se llega a algún acuerdo, se
procederá a demandar. Deberíamos ser citados a esa audiencia
prontamente”, explicó.
A
la vez, detalló que se estaría preparando una demanda por indemnización
de perjuicios, la cual tiene como objetivo resarcir el daño ocasionado a
la familia del menor víctima, y cuya suma asciende a 300 millones de
pesos, acción civil que se pretende interponer una vez concluido el
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, es decir, en el mes de
diciembre, aunque para aquello se debe disponer del certificado de
mediación frustrada emitida por el Consejo de Defensa del Estado.
“La familia está muy tranquila, confían
plenamente en la labor que va a realizar la justicia respecto al caso.
Saben igual que este Estado de Excepción ha retrasado todo, pero ellos
están primordialmente preocupados en tratar de reanudar su vida y tener
un proceso de reparación lo más idóneo posible, pese a que una pérdida
de esta naturaleza es un dolor con el cual se aprende a vivir”,
puntualizó Ibáñez.