El aumento de los delitos en contexto de violencia intrafamiliar nuevamente quedó reflejado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, ya que un sujeto con un amplio prontuario en este tipo de ilícitos pasó a control de detención, pero debido a sus antecedentes, fue considerado un peligro para la víctima, la sociedad y no podrá acceder a una pena sustitutiva en caso de condena, por lo que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación.
En la audiencia estuvo la fiscal Wendoline Acuña, quien formalizó al hombre por amenazas y desacato en contexto de violencia intrafamiliar.
Primeramente, hay que tener en consideración que el sujeto cometió el delito después de que había sido condenado el 23 de marzo de este año por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, a 541 días de presidio y se le prohibió acercarse a la víctima por un plazo de seis meses.
Es así que respecto a los hechos, se dijo que pese a la prohibición, el viernes el sujeto se encontraba al interior del domicilio de la víctima, la cual en un punto de la jornada decide salir de la casa para hacer unas compras, sin embargo, cuando el imputado nota que la mujer no está, la llama a su teléfono celular y la insulta, preguntándole a dónde fue y ordenándole que vuelva inmediatamente, porque de lo contrario la mataría.
La víctima regresa al domicilio, lugar donde sigue recibiendo insultos y amenazas de muerte. Esto motiva que la mujer solicite la presencia de Carabineros, que concurre al inmueble, detiene al imputado y lo traslada a un recinto de salud para constatar lesiones, en donde se informa que el hombre no presenta lesiones, pero que estaba en estado de ebriedad.
Como se mencionó el imputado presenta antecedentes en distintos Tribunales del país, por delitos similares, todos en contexto de violencia intrafamiliar.
El actuar reiterativo y su negativa a cesar en estas acciones, a pesar de las condenas, órdenes de alejamiento y tratamiento sicológicos mandatados, fueron motivos para que se le imponga la prisión preventiva.
Se acordaron 60 días para el cierre de la investigación.