Todos
pueden ser víctima de una estafa, incluso un fiscal. Por resolución
judicial, un sujeto tendrá que pagar 200 mil pesos al persecutor
Cristián Opazo Aguilera por engañarlo con la venta de un celular.
El
delito ocurrió en noviembre de 2012, cuando la víctima aún no
desempeñaba labores en la Fiscalía Local de Punta Arenas. Según la
acusación, el persecutor se interesó por un celular sellado, nuevo y
desbloqueado que se ofertaba por 230 mil pesos en el sitio de ventas
online Mercado Libre.
El
vendedor, Carlos Garcés Arriagada, recibió el pago a su cuenta bancaria
y le entregó el equipo. Sin embargo, la víctima se percató que se
trataba de un celular usado que arrastraba una deuda por 196 mil pesos
con Movistar.
De
acuerdo con la acusación, el imputado “lo vendió a sabiendas de
mantener esa deuda impaga, engañando a la víctima, haciéndole creer que
era nuevo y sin deuda. Producto del uso previo y de la deuda existente,
el equipo telefónico fue bloqueado por la compañía, impidiéndole a la
víctima su uso”.
El
fiscal Opazo estampó la denuncia respectiva, pero la causa se dilató
por las sucesivas ausencias del imputado a sus audiencias de
formalización. Aunque el Juzgado de Garantía de Punta Arenas emanó una
orden de arresto en su contra, el sujeto estuvo inubicable durante casi
siete años.
Finalmente
dieron con su paradero en Chillán. Carabineros lo arrestó el 15 de
junio de 2021 en un control de identidad. Tres meses después fue
formalizado por un delito de estafa y quedó sin medidas cautelares.
La
tramitada concluyó ayer a través de un acuerdo reparatorio. El fiscal
Opazo compareció en su calidad de víctima y se allanó a ser compensado
en 200 mil pesos. El tribunal fijó en ocho cuotas el pago. Si el
imputado cumple con la exigencia queda sobreseído.