La política de persecución penal es una guía del actuar de la Fiscalía, y consecuencialmente de las policías y demás actores auxiliares vinculados a estos procedimientos de judicialización que permiten al Estado, a través del Ministerio Público, dar respuesta a quienes son víctimas de delitos o ven menoscabados sus derechos, ante cada demanda de sanción y reparación del daño recibido.
Es por esta razón que, en horas de la mañana de ayer en la sala de reuniones de la Fiscalía en Punta Arena, comenzaron, los Talleres Participativos y Ciudadanos, organizados por la División de Estudios de la Fiscalía y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), que enmarcan el diseño, construcción e implementación de la política chilena de persecución penal para el período 2023-2031.
En esta instancia por primera vez, la sociedad podrá participar activamente en la construcción de este instrumento fundamental para dirigir el accionar del Ministerio Público.
El encargado de dirigir esta actividad por parte del Centro de Estudios de Justicia de las Américas es Gherman Welsh Chahuán, director de estudios de esta institución, quien tiene a su cargo desarrollar investigaciones en las áreas temáticas de Criminalidad Compleja, Delitos Ambientales y Sistemas Penitenciarios.
“Por encargo de la Fiscalía y del Ministerio Público de Chile, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) está realizando un levantamiento participativo y ciudadano para construir una serie de insumos que le entregaremos a la institución para que desarrollen la política de persecución penal 2023-2031” puntualizó Welsh.
Para cumplir con este objetivo, según palabras del jurista, se busca realizar un diagnóstico de la criminalidad del país en general y de cada una de las regiones en particular, además de construir metodologías que permitan priorizar delitos.
“Cuando tenemos recursos escasos y necesidades ilimitadas, es necesario priorizar, focalizar los esfuerzos y es por eso que queremos conocer la percepción de la ciudadanía, qué considera la ciudadanía como importante tanto en la persecución penal, como en el tratamiento y la atención a las víctimas y testigos” detalló Welsh.
En cuanto a la participación ciudadana, el abogado señaló que estos talleres se estarán llevando a cabo a lo largo de todo el país, y especialmente están iniciando en Punta Arenas, así como también adelantó que se lanzará una consulta ciudadana que estará abierta a todo público, para que la ciudadanía pueda comentar su necesidad y a la vez su percepción en materia de criminalidad y lo que está pasando en la dinámica delictiva en sus regiones.
A su vez, el fiscal regional Cristian Crisosto Rifo, valoró la iniciativa destacando los esfuerzos que desde la Fiscalía Nacional se están realizando para fortalecer los procesos persecutores a la vez que se muestra la accesibilidad que desea ofrecer el Ministerio Público a la comunidad.
“Esto refleja una alianza entre la Fiscalía Nacional y CEJA en este caso, que nos está permitiendo implementar una política inédita en qué consiste en que la comunidad nos pueda manifestar sus inquietudes, sus reclamos, sus preguntas respecto de cómo se está llevando la persecución penal en Chile” manifestó el fiscal regional ante la importancia de esta vinculación del Ministerio Público con la comunidad.
Asimismo, explicó Crisosto que “esto es un taller inédito que se está duplicando en diversas ciudades del país con el objeto de dar efectividad a uno de los proyectos de esta Fiscalía Nacional y también de la Fiscalía Regional de Magallanes que es ser una fiscalía abierta a la comunidad, una fiscalía con transparencia y que las personas puedan entender por qué se toman ciertas decisiones procesales en determinados casos”,
Finalmente, lo que se espera de este tipo de encuentros es que puedan ofrecer soluciones tanto a las instituciones como a la comunidad, para alcanzar una persecución penal y en consecuencia una justicia más acorde y cercana a las realidades que enfrenta la ciudadanía.