La
noticia de la extensión del Estado de Excepción Constitucional hasta el
30 de junio fue recibida con alerta por el Tribunal de Juicio Oral en
lo Penal de Punta Arenas.
Entre
marzo y junio, el órgano tenía agendados 50 juicios cuya realización
peligraba. De acuerdo a la ley y la resolución de la Corte Suprema, solo
se pueden efectuar audiencias calificadas como urgentes, como causas
por violencia intrafamiliar o que comprometen a adolescentes.
La
administración del tribunal se enfrentó a dos posibilidades. En primer
lugar, podían reagendar para después de junio los 50 juicios. Esto
significaría una dilación en las causas de los imputados, muchos de
ellos privados de su libertad.
Sin embargo, los jueces se inclinaron
por una segunda opción: realizar audiencias de factibilidad para que
los juicios se efectuasen de manera semi presencial o por
videoconferencia.
Este
tipo de audiencias se realizaron junto a fiscales y defensores penales
de manera anticipada entre el 8 y el 11 de marzo. Cuando la prórroga del
estado de excepción fue decretada, los jueces se reunieron con los otros actores el 18 y 19 de marzo.
Finalmente,
el tribunal oral logró mantener 41 procesos dentro del período de
excepción, mientras que otras 9 tuvieron que ser recalendarizadas.
El presidente del Comité de Jueces, Guillermo Cádiz, valoró los esfuerzos del tribunal.
“La gestión del tribunal
se tradujo en que finalmente un total de 42 juicios van a ser
realizados durante el lapso señalado, y tan solo 9 audiencias deberán
ser reprogramadas para una fecha posterior a su culminación, esto es,
después del 30 de junio”, dijo el magistrado.