Por un nuevo delito están siendo investigados tres acusados de una brutal agresión, dos de ellos cumplen condenas en la cárcel y una imputada que alega que ella fue víctima.
Tras varias diligencias realizadas desde el año 2017, la Fiscalía decidió formalizar la investigación y le dio a conocer a los imputados Marco Hernández Saldivia y Yerko Álvarez Fuenzalida, privados de libertad y la imputada Patricia Cordonnier Cárcamo, que son investigados por los hechos que se registraron el 17 de diciembre de 2017, en horas de la madrugada. El primer hecho ocurrió cuando el imputado Hernández Saldivia llegó hasta el domicilio de su expareja en la toma de terreno “Puño en Alto”, de prolongación Enrique Abello sin número, sector norponiente de Punta Arenas, lugar donde agredió junto Yerko Álvarez Fuenzalida agredieron a la víctima Víctor Serón, con un elemento contundente en la nuca, dejándolo aturdido y luego lo subieron a un vehículo para trasladarlo a un sitio eriazo. En ese lugar lo bajan del móvil agrediéndolo y amenazándolo con un cuchillo, lo arrastraron y le habrían sustraído especies. Tras esto, los imputado trasladan de regreso a la víctima su domicilio.
Posterior a esto, los imputados junto ahora a la imputada Patricia Cordonnier van al domicilio de una mujer que estaban en una vivienda con el otro afectado Víctor Serón. En eso la imputada intenta agredir con una pala al afectado. Los tres imputados continúan su agresión a Víctor Serón para luego sustraer especies.
La víctima Víctor Serón resultó con lesiones graves.
Con estos antecedentes al imputado Hernández Saldivia se le formalizó por un delito de desacato en contexto de violencia intrafamiliar, lesiones graves y robo con intimidación. Al imputado Yerko Álvarez se le imputa el delito de lesiones graves y robo con intimidación. Por último a la imputada Patricia Cordonnier como autora de un delito de lesiones graves y robo con intimidación, a pesar que su defensa alegó que ella fue la que fue agredida y recibió graves lesiones.
El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 30 días, y la imputada quedó con arraigo regional y la prohibición de acercarse a las dos víctimas, mientras que a los otros imputados no se le impuso ninguna cautelar por estar cumpliendo penas de cárcel.