El
jueves pasado, tres recursos de amparo ingresaron a la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas con la firma de ciudadanos venezolanos.
Además de su nacionalidad, todos tienen algo en común: las autoridades
ordenaron su expulsión del territorio nacional.
Los
recursos se dirigen en contra de la Delegación Presidencial, la Policía
de Investigaciones (PDI) y el Ministerio del Interior, respectivamente.
Los recurrentes ingresaron por pasos no habilitados a Chile, pero
acusan que las órdenes de expulsión son “ilegales y arbitrarias”.
Es el caso de Juan García y Crismar Hernández una pareja que
cruzó la frontera por Perú en julio del 2019. “Huyendo de la situación
económica”, según el recurso, viajaron hasta Puerto Natales para
reunirse con familiares directos.
Concurrieron
a la Gobernación de Última Esperanza, quienes les recomendaron que se
autodenunciaran. En lugar de regular su situación, la Intendencia de
Magallanes decretó su expulsión.
Una
realidad similar vivió Ana Ruiz, quien emigró junto a su familia “por
el peligro inminente que enfrentaba su integridad física y psicológica
en el contexto de la profunda crisis que atraviesa Venezuela”. Reconoció
que ingresó por un paso no habilitado ante la PDI, quienes ordenaron su
expulsión a través de su Departamento de Extranjería.
Todos
los recursos acusan que las autoridades transgredieron el debido
proceso. El abogado Diego Persico –abogado de Migrar Chile que ha
tramitado recursos en Magallanes– explica que para deportar a
extranjeros “tiene que existir un procedimiento previo, pero eso no se
cumple”.
De
acuerdo con Persico, la denuncia de cruzar por pasos no habilitados
debe someterse al proceso judicial. Sin embargo, en muchos casos “no hay
condenas, no hay un proceso judicial concreto para conmutar las penas
con la expulsión”, señala.