La
sucursal del Banco Santander ubicada al frente de la Plaza de Armas de
Punta Arenas fue uno de los inmuebles que sufrieron daños durante el
estallido social. Aunque se inició una investigación para dar con los
responsables, la causa concluye sin imputados: hoy, el Ministerio
Público comunicará su decisión de no perseverar en el caso.
Los
destrozos se produjeron en la noche del 22 de octubre de 2019. Cuatro
días después del inicio de la revuelta, las calles de la ciudad se
llenaron de manifestaciones y desórdenes. En ese contexto, una turba
lanzó piedras en reiteradas ocasiones contra la sucursal bancaria.
Una cámara de seguridad registró los daños. Al día siguiente, los representantes legales de Santander se querellaron en contra de quienes fuesen responsables, iniciándose de este modo la causa judicial.
La
investigación estuvo a cargo de la Sección de Análisis Criminal y Focos
Investigativos (Sacfi). Sin embargo, en octubre solicitaron una
audiencia al tribunal para que la causa se archivase.
“Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores cómplices o encubridores, procedo a declarar cerrada la investigación”, dice el escueto mensaje firmado por el fiscal Felipe Aguirre.