En mucha gente de nuestra región, existe inquietud sobre el plebiscito de los políticos, programado para el próximo mes de octubre. El desasosiego nace de la actual situación sanitaria y de su futuro próximo, de cara a la movilización masiva de las personas para la consulta del mes venidero. La alta tasa de contagio; las múltiples formas de contraer la enfermedad; la incertidumbre cada vez más fundada, que al ir a votar la gente no contraerá el virus; el llamado de muchos políticos a ir a votar por cuenta y riesgo de los ciudadanos; en fin, la insólita comparación entre ir a votar e ir al supermercado, ponen sobre la mesa lo inconveniente de realizar este acto en un mes más en Magallanes.
La autoridad nos quiere hacer jugar con una ruleta rusa: vaya usted a votar, y si no se contagia, se salvó. Ahora, si se contamina o fallece, bueno, serían los “costos” de la democracia. Total, a esa altura o ya no podrá reclamar o si lo hace, se enfrascará en una demanda de años con el Estado, mientras aquellos políticos que le animaron a ir a votar, seguirán recibiendo de todos nosotros sus millonarios sueldos y privilegios.
Producto de un escaso momento de lucidez de muchos parlamentarios, el 23 de junio de este año dio a luz la ley 21.239 que “Prorroga el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el covid-19”. En virtud de esta ley, las directivas de diversos tipos de organizaciones sociales, prorrogaron su mandato hasta tres meses después de terminado el estado constitucional de catástrofe, con el fin de evitar que las personas pertenecientes a organizaciones sociales, como por ejemplo las Juntas de Vecinos, tuvieran que ir a votar presencialmente debido a la presencia del covid-19.
Entre los fundamentos alegaron los parlamentarios para dictar la ley 21.239 está el siguiente: “5. No sólo la necesidad de resguardar la salud de la población y asegurar la participación ciudadana en los procesos eleccionarios ya mencionados nos motivan a presentar esta iniciativa legal, lo hacemos también porque sabemos de la importancia que cumplen dichas organizaciones en la vida cotidiana de millares de ciudadanos y ciudadanas”. En parte del fundamento Nº7 de esta ley, se lee: “7. Para todo lo anterior, se propone prorrogar el mandato de dichos directivos hasta la primera semana del mes de diciembre del presente año, plazo estipulado considerando los meses que tomará superar la actual emergencia sanitaria…”. Es decir, los propios parlamentarios consideraron en junio de este año que no estaban dadas las condiciones sanitarias para que las personas fuesen a votar presencialmente a los diversos locales que se habilitaran, y porque además dijeron, se debía preservar la participación. Y estimaron que en diciembre de este año podría estar superada la emergencia sanitaria. Hoy sabemos que la emergencia sanitaria está lejos de ser superada y que la cantidad de contagiados y fallecidos en muchísimo más alta ahora que en junio pasado, por lo que actualmente existen los mismos motivos que tuvo el Congreso Nacional para evitar que las personas fuesen a votar presencialmente, con el agravante que se quiere movilizar a una región completa y no sólo a una junta de vecinos.
¿Por qué entonces el apuro que tienen muchos políticos para que la gente por su cuenta y riesgo vaya a votar en unos días más? ¿Por qué el temor de aplazarlo para una mejor oportunidad? ¿Qué nos dice el sentido común?