En
los últimos días hemos podido apreciar distintas problemáticas respecto
a eso que llamamos ley. Un diputado, que dice profesar la igualdad para
todos, convirtió su potestad como legislador en objeto de privilegio.
Con ello distorsionó lo que es la ley y también la democracia, al decir
que su supuesta autoridad se traduce en dispensas originadas, según él,
en el apoyo del
pueblo. Como si el simple clamor popular significara autoridad. En
realidad, eso define al simple demagogo. Olvida el honorable diputado
que el pueblo enardecido también puede llegar apoyar linchamientos
brutales. No muy justos ni respetuosos de los DD. HH, que el diputado
dice profesar. Bueno, para evitar esos caprichos, de un diputado o de
una muchedumbre, está el gobierno de la ley. Surge entonces la duda,
respecto a si el diputado comunista cree realmente en el imperio de la
ley y la igualdad ante la misma. Al parecer no, menos si sale de paseo
con la familia o se presume caudillo popular. Nada de raro, si
consideramos que los marxistas leninistas creen que el Derecho es una
simple disquisición burguesa. No creen en las leyes en realidad, sino en
los simples mandatos. Que no son lo mismo. Eso, aunque ahora tienen de
fetiche las constituciones. ¿Para garantizar la igualdad ante la ley,
los límites al ejercicio del poder o para imponer sus mandatos? Por otro
lado, el caso de Ámbar Cornejo muestra la lógica kafkiana a la que se
enfrenta
un ciudadano común y corriente, no un diputado que se puede victimizar
en los medios, cuando se trata de que las leyes operen en serio para
proteger a los débiles. Todo parece indicar que el proceso de asignación
de justicia se ha burocratizado a tal nivel que, como en el cuento
Inamible de Baldomero Lillo, todas las responsabilidades se van
diluyendo sin que nadie sepa bien qué debe hacer. Lo que no significa
que todos seamos culpables como algunos pretenden, al decir que hemos
fallado como sociedad o que el sistema falló. Porque donde todos son
culpables, nadie lo es. Por eso mismo, tratar de enfocar toda la
responsabilidad, por la liberación del psicópata Hugo Bustamante, en la
jueza Silvana Donoso solo busca darle al clamor popular un chivo
expiatorio para que otros responsables institucionales puedan zafar del
embrollo. Pero acá fallaron otras entidades, con facultades legalmente
establecidas para proteger a la menor, como la Subsecretaría de la Niñez
y la Defensoría de la Niñez. Eso, aunque sus respectivas mandamases
intenten culparse mutuamente, por Twitter, para sacarse la propia
responsabilidad. Por último, está lo que ocurre en La Araucanía. Quizás
el hecho más notorio es el doble discurso respecto a la violencia que
usan unos civiles para tomarse un municipio y la violencia que utilizan
otros civiles para desalojarlo. Pocos plantearon que el problema
esencial que se vive en la zona, desde hace muchos años, es que ciertas
personas se han arrogado la facultad del uso de la fuerza para vindicar
sus causas, como cuestionar las decisiones de los tribunales o exigir
cosas. Es decir, que se están arrogando la máxima arbitrariedad para
determinar qué es lo que debe hacerse en un determinado caso.
Paradojalmente, cualquiera sea el caso, lo hacen en nombre de sus
particulares nociones de justicia. Eso solo ha abierto paso a la más
pura arbitrariedad, cuya expresión se hizo visible en Curacautín, donde
civiles se enfrentaron con otros civiles. A eso se suma la pretensión
absurda, promovida con descaro, de presumir inmunidad legal para ciertos
caudillos por sus supuestas condiciones espirituales. Un simple
subterfugio para garantizar impunidad. Lo cierto es que en un estado
constitucional, un estado moderno, es la ley la que establece las
potestades, los límites, los deberes y derechos de los funcionarios, de
los legisladores, los gobernantes y gobernantes. No lo hacen los fines,
ni creencias ni motivos que los distintos particulares tienen ni los
apoyos populares que eventualmente existan en torno a ellos. Da lo
mismo, por tanto, si sus causas se consideran justas, milenarias o
cuentan con gran apoyo en la opinión pública. Más importante aún, en un
estado constitucional de derecho, todos deben respetar las normas
jurídicas y someterse a las reglas y deberes de tal orden jurídico, los
que tienen potestades como un diputado, una jueza o alta una
funcionaria; y también los civiles comunes y corrientes, sean mapuches o
winkas, creyentes o no creyentes, instruidos o ignorantes, débiles o
fuertes. Solo así, bajo la ley podemos proteger a los débiles y poner
ante la ley a los que gobiernan y a los que abusan de la fuerza bruta.