Constantemente somos testigos de casos de contagios en empresas, en donde los trabajadores además de ser víctimas del virus, se ven expuestos a condiciones laborales paupérrimas.
Para mi gusto, estas situaciones no solamente van en contra de las obligaciones del empleador conforme a las normas de higiene y seguridad y, por ende, a un incumplimiento contractual, sino que también la falta de medidas de distanciamiento y prevención, constituyen una vulneración de los derechos de los trabajadores.
El Código del Trabajo, protege la dignidad de los trabajadores, y claramente en estas situaciones se les vulnera, ya que no es entendible cómo en la situación actual, en donde se compromete la vida de estos, el empleador los mantiene en condiciones poco dignas al no respetar las medidas de las autoridades sanitarias -no cuando ya pasó el hecho, sino antes de que ocurra-.
Ante el miedo a represalias, es el sindicato el llamado a tomar la posta de sus asociados, y poner la voz en alto, para solicitar las fiscalizaciones y perseguir las sanciones que en derecho correspondan, aportando pruebas y antecedentes, con el fin de evitar que estas situaciones continúen ocurriendo.
Claro está, que los casos que hemos venido conociendo durante estos meses no han sido de suficiente ejemplo para poder concientizar al empresario, sobre los riesgos que esto genera no solo en sus empleados, sino también en la comunidad en general, quien se ve expuesta a contraer el virus, por una descuidada política de prevención de riesgos.
Es la autoridad quien deberá tomar de una vez por todas las riendas de estos casos, y perseguir no solo las responsabilidades administrativas y sanitarias, sino también perseguir la complicidad en delitos de orden público, a ver si por fin tenemos un ejemplo que sirva de “refuerzo negativo” para los demás empresarios que no respetan las medidas de prevención y que piensan que el costo económico es más bajo que mantener operativo el negocio en condiciones no adecuadas. Cuando la consecuencia no recae solo en lo patrimonial, sino también en lo penal, es cuando se empieza a dar la seriedad que corresponde.
Es la opinión pública a través de su propia fiscalización y denuncia quien puede empoderar a las autoridades a seguir y perseverar en la aplicación de medidas en contra de quienes por una actitud descuidada, negligente, ocasional o dolosa, ponen en riesgo la salud de los demás habitantes, quienes esperan con ansias el desconfinamiento, pero que ven con desesperanza que aunque se cumplan las cuarentenas, existen otros que van en sentido contrario y nos hacen retroceder.