Las
municipalidades en Chile actualmente están atravesando un difícil
momento debido a las dificultades sanitarias que ha causado la pandemia
del Coronavirus y continúa afectando a todo el planeta, provocando una
crisis y también una gran incertidumbre en el aspecto económico,
sobrecargando el financiamiento municipal y el complejo escenario que se
ven enfrentados día a día los municipios de cada comuna.
En
nuestro país, la mayoría de los territorios sufren el síndrome del
centralismo y la inequidad territorial, lo cual produce ciudadanos de
primera y segunda clase. Es una distinción odiosa y que no debiese
existir, pero lamentablemente ocurre y el Estado Central intenta
aminorar a través de instrumentos financieros como el Fondo Común
Municipal, recursos sectoriales y fondos regionales que se traspasan
desde el Gobierno Central. Frente a esta realidad, es donde los vecinos
de cada comuna acuden a los municipios y se conectan con el Estado para
presionar por soluciones concretas ante sus necesidades que actualmente
hay una alta demanda y requieren soluciones urgentes.
La
administración local se ha visto afectada en varios ítems producto de
la contingencia sanitaria, causando efectos impensados en las arcas
municipales y con esto, un recorte en los programas sociales que realiza
cada una de las municipalidades en todo el país. Una de las más
significativas tiene que ver con el pago del permiso de circulación,
debido a la ley que entró en vigencia el 1 de abril del 2020 en donde se
extiende el plazo para efectuar la renovación del permiso de
circulación. Esta medida no sólo afecta los ingresos propios, sino que
afecta aquellos municipios más dependientes del Fondo Común Municipal,
por ejemplo de los 345 municipios del país, al menos un 85% de ellos se
verán gravemente perjudicados. Por otro lado, está el impuesto
territorial o contribuciones, el cual los contribuyentes podrán convenir
pagar la primera cuota en las tres siguientes, y esto implica retrasar
los ingresos que representan casi el 60% del Fondo Común Municipal.
También, los casinos de juegos que han dejado de funcionar, no podrán
hacer aportes a los municipios y así otros casos más en donde esos
ingresos dejarán de percibir las municipalidades.
En este incierto panorama, las autoridades locales en innumerables
oportunidades hemos señalado la necesidad de generar recursos
financieros necesarios para afrontar la crisis sanitaria, pero por sobre
todo, mirar el futuro de nuestro país, donde muchos de nuestros vecinos
se verán afectados seriamente en sus finanzas presionando a las
municipalidades por programas de empleo y otros instrumentos que ayuden a
mejorar lo que quede después de esta pandemia. Urge entonces, la gran
necesidad en que las municipalidades sean convocadas por el Gobierno
para tratar en una mesa técnica la inyección de recursos a los
municipios y buscar soluciones, con la finalidad de que no se vean
afectados nuestros vecinos y vecinas.