Hace
varios años que venimos hablando sobre el debilitamiento de las
instituciones políticas, ya que estas representarían el “sentir de la
gente”. Esta aparente crisis de representatividad, tampoco tiene
solución bajo una nueva Constitución elaborada en una convención
constituyente, si es que el país no cuenta con fuerzas políticas que
crean realmente en la democracia, y paralelamente se practique la
tolerancia por todos.
Es
evidente el comportamiento totalitario de varios grupos políticos y la
cobardía de otros en señalarlo. De este modo, una encuesta de la UDD
constató que ante la pregunta: ¿Está de acuerdo con actos de violencia
por proyecto del 10%?. Las personas entre 18 y 30 años se pronunciaron
en un 43,6% contrario a los actos de violencia, pero un 41,5% si los
justifica. Por otro lado, numerosos parlamentarios han sido amenazados
de muerte con el fin de coaccionar sus actuaciones o las del Gobierno.
Las redes sociales bullen de odio, insensatez, falsedades, intolerancia…
escasean los argumentos racionales y real valoración por la libertad.
Existen
indicadores de delatan un comportamiento antidemocrático. El primero,
es el <rechazo a las reglas democráticas> lo que se revela con la
voluntad de no acatar la Constitución (retiro del 10% fondos de
pensiones y propuesta de crear un fondo colectivo que son de exclusiva
iniciativa del Presidente de la República); es lo que numerosos
constitucionalistas llaman “elusión constitucional” o “fraude de ley”.
Segundo, la <negación de la legitimidad de los adversarios
políticos>, expresada en que la oposición busca la caída del Gobierno
sin esperar un nuevo proceso electoral (Marco Enríquez Ominami y otros
proponiendo un gobierno de cohabitación dejando al Presidente como
figura decorativa e instalando a miembros de la extrema izquierda a la
cabeza de todos los ministerios). Tercero, la <legitimidad de la
violencia para alcanzar objetivos políticos>, donde más de un tercio
de la población adulta avala la violencia mientras no pocos personeros
de oposición mantienen una postura ambigua. Finalmente, el cuarto
indicador nos habla del poco aprecio a las libertades civiles, donde
constatamos a una centro izquierda en amorío con el Frente Amplio y
Partido Comunista, mirando con desprecio a Piñera, pero que se les “caen
los churrines” cuando de Castro o Maduro se trata.
Los
chilenos y los magallánicos debemos proteger la democracia y nuestra
convivencia. Para los magallánicos es evidente que desde el estallido
social de octubre, inicialmente expresado en marchas pacíficas y
demandas sociales legítimas por mejores pensiones, seguridad, educación y
salud, fue manipulado y contagiado por el virus de la intolerancia y
ambición de poder de sectores que en nada les inquieta el bien común.
Hoy Chile no es más seguro: la delincuencia común, narcos y extrema
izquierda amenazan a ciudadanos y autoridades. A pesar que desde enero
está estancada en el Congreso la reforma al sistema de pensiones enviada
por el Ejecutivo, los populistas impulsan la iniciativa que mermará las
pensiones de todos los cotizantes, es decir, la gente tendrá que
rascarse con sus propias uñas ante la crisis. Nuestros hijos reciben
educación por internet y se acumulan las listas de espera en salud.
Chile
requiere aislar a los violentos e intolerantes. Incluso, partidos
políticos contrarios deben aliarse para protegerla democracia sin
anfibologías. Chile requiere de reformas bien reflexionadas e
inclusivas, no impuestas bajo amenaza, si pretendemos ser algún día la
copia feliz del edén. Los magallánicos saldremos adelante, solo si
apostamos por el diálogo y rechazamos a quienes amenazan nuestro
bienestar.