Todo
indica que la democracia representativa se quedó corta. Tejiendo una
línea de tiempo, de sólo la última década, nos damos cuenta de cómo
desde la irrupción del voto voluntario, la participación se vino debajo
en las elecciones; a eso se le suma, que sólo unos años después de su
debut (2012), estallaron serios conflictos de corrupción en la política,
en donde vimos a políticos de buena parte de las colectividades del
país, recibiendo dineros ilegales para el financiamiento de sus
campañas, nada más ni nada menos, que de SQP, empresa dirigida por el
yerno de Pinochet.
Si
a eso le sumamos la falta de confianza en el poder judicial, los casos
de irregularidades y corrupción en el ejército y carabineros, la
bajísima confianza que el parlamento y los partidos políticos tienen,
nos damos cuenta que en nuestra democracia se empieza a engendrar un
fenómeno muy preocupante.
De
la última encuesta nacional del Instituto Nacional de la Juventud
(iNJUV), se desprende que prácticamente 4 de cada 10 jóvenes en Chile,
no ve necesariamente en la democracia el mejor sistema de gobierno.
Pero, cuando no hay democracia ¿Qué hay? Es ahí donde surge la necesidad
vital de robustecerla, y entender que como se planta hoy en día, se
hace insuficiente para una sociedad más exigente, enhorabuena más
informada, y sobre todo con más ganas de participar.
El
plebiscito del 25 de octubre es la prueba de ella, la concurrencia más
alta en votaciones en la historia de Chile, y en medio de la pandemia
más brutal que nuestras generaciones conozcan, ahí hay un mensaje claro:
“Queremos participar, queremos que las decisiones pasen por nosotros”.
Por
eso es que como la democracia representativa se queda corta, cabe la
necesidad de incluir mecanismos de democracias participativas a la
construcción de un nuevo pacto social en nuestro país. ¿Qué implica
esto? Iniciativas populares de ley, instauración de referendums
revocatorios para cuando las autoridades electas no hagan bien su
trabajo, introducción de mecanismos de participación con poder
vinculante, para que los territorios también puedan decidir sobre los
proyectos que se llevaran adelante con miras al desarrollo de sus
ciudades y comunas, generación de presupuestos participativos exigidos
por ley, etc.
Es
decir, un nuevo trato entre nosotros, el establecimiento de una nueva
relación entre el Estado y la ciudadanía, comprendiendo que los nuevos
tiempos nos demandan mayores niveles de acuerdos entre nosotros, y
asumiendo que eso no se hace desde la imposición, sino que
necesariamente desde la participación.
El
proceso constituyente es oportunidad para aquello, en su amplia
participación, está también su legitimidad, que nadie se quede fuera.