Cuando
postulé a la Cámara de Diputados en las elecciones parlamentarias del
año 2017, uno de los candidatos, Domingo Rubilar, invitó al resto de los
participantes de la contienda electoral a efectuar una declaración
jurada ante notario consistente en comprometerse a votar a favor de
reducir la dieta parlamentaria -en el caso que se accediera al sillón
parlamentario- y mientras tanto donar la mitad de la dieta parlamentaria
a instituciones de beneficencia social.
La
verdad es que cuando lo planteó, típico uno piensa que es una medida
populista para caer bien al electorado, ya el diputado Gabriel Boric
junto Giorgio Jakson habían planteado algo parecido, pero no llegando al
extremo de donar en el acto su dieta parlamentaria como lo planteaba el
candidato Rubilar.
Ante
ello, después de pensarlo bien, asumí el desafío, y también hice esa
declaración jurada ante notario, por parecerme una buena idea y calcular
que perfectamente se puede desempeñar el cargo donando la mitad de la
dieta parlamentaria.
Hoy
día ante la pandemia y la enorme crisis económica que se viene por la
falta de productividad y producción, la falta de consumo, y aumento de
cesantía, el reducir los costos parlamentarios se hace una necesidad
urgente, y mientras se reducen, la donación se advierte como una buena
forma de redestinar recursos del parlamento en especial para
instituciones privadas de ayuda social.
Por
eso me llamó la atención la votación del Partido Comunista y del Frente
Amplio esta semana que se opuso a esta idea, pero más impacto me
produjo la alegación del diputado Luciano Cruz Coke, en la cual expresó
que parlamentarios tienen hasta 20 asesores, más de 20 líneas
telefónicas contratadas, y de los ostentosos gastos de parlamentarios en
educación, salud y previsión social.
Al
respecto, el discurso de Luciano Cruz-Coke Carvallo en el hemiciclo es
un llamado de alerta sano para nuestra democracia, por que no es la
primera vez que onerosos gastos parlamentarios han sido la causa que ha
gatillado el quiebre de la democracia a manos de grupos de personas, que
desesperados ante la situación nacional, no les queda más que desafiar
el poder ante la porfía de quienes están enquistados en las lides del
poder.
Así
ocurrió el 03 de septiembre de 1924 con un Golpe Militar en Chile que
tuvo como gatillante el hecho que la Cámara de Diputados aprobó un
proyecto que declaraba que la gratuidad del cargo de parlamentario no
obstaba a conceder a los senadores y diputados, mediante ley,
asignaciones a título de gastos de representación (dieta parlamentaria) y
en la sesión de 3 de septiembre del mismo año, el Senado de Chile
aprobó en general, en segundo trámite legislativo de dicho proyecto de
ley causando la furia del pueblo.
A
la sesión del día siguiente, un grupo de jóvenes oficiales del Ejército
de Chile concurrió a las galerías del Senado con el fin de expresar su
oposición a la aprobación de la dieta parlamentaria y la postergación de
la tramitación de las leyes sociales. Hicieron golpear sus sables
contra el suelo como señal de desafío y de respaldo a la agenda social
del Presidente Arturo Alessandri Palma en un hecho conocido como el
“Ruido de Sables”.
Luego
el presidente tuvo que huir del país, dando origen a un proceso
constituyente para la nueva Constitución de 1925 la cual reemplazó la
Constitución de 1833.
Es
de esperar que el Parlamento Chileno no necesite de un nuevo ruido de
sables para que mientras rebajen sus dietas parlamentarias, donen la
mitad de su dieta y gastos en asignaciones a instituciones privadas de
beneficiencia social, y así estar en línea ante la necesidad de la
Nación frente a esta grave crisis económica que se advierte en el
horizonte debido al Covid-19.