La
verdad, de un tiempo a esta parte, gran parte de la institucionalidad
del país intenta desbordar sus potestades y atribuciones o sus miembros
actúan haciendo caso omiso de sus propios actos provocando lo que
denomino el caos institucional chileno. Así, en un momento fue la Corte
Suprema que a través de sus resoluciones intentó entrometerse en la
competencia del Tribunal Constitucional, asimismo la Corte Suprema tanto
para fijar indemnizaciones y condenas en casos de Derechos Humanos
asume por derogado tácitamente el ordenamiento jurídico chileno bajo la
égida de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, muchos de
ellos suscritos con posterioridad a los crímenes cometidos aplicándolos
de forma retroactiva supuestamente para evitar responsabilidad de Estado
ante la comunidad internacional; después el Congreso a través de un
subterfugio constitucional pudo regular -en buena hora- el retiro del
10% de las AFP, pasando por alto la iniciativa legal exclusiva del
Presidente en dicha materia establecida en la Constitución; esta semana
ante el horror del crimen de Ámbar, una Subsecretaria plantea la
posibilidad de que pueda destituirse a jueces por sus ideologías
políticas aplicadas a torcidas interpretaciones del derecho que dañan el
país; también hemos podido ver esta semana a dos parlamentarios
haciendo gala de una arrogancia sublime me refiero a Felipe Harboe y
Hugo Gutiérrez, el primero habiendo sido Subsecretario de Interior bajo
el primer Gobierno de Bachelet tuvo
responsabilidad directa en el mal manejo y falta de transparencia del
asesinato del mapuche violentista Matías Catrileo por Carabineros,
asesinato cuya remembranza fue combustible para que cuatro años después
Celestino Cordova quemara vivos al matrimonio Luchsinger Mackay, y ahora
pide -como Senador- disculpas al pueblo mapuche por el mal manejo de la
Administración de Sebastián Piñera, con una falta de escrúpulos
realmente impresionante, después reclama por el proyecto de Ley “Juan
Barrios” el cual tiene por objetivo subir las penas para aquellos que
cometan delitos de incendio de transporte público o pesado con resultado
de muerte, expresando que fue un proyecto nacido por la presión de los
camioneros, mostrando así una irreverente falta de empatía por el
gremio en el conflicto araucano, conflicto que el mismo fue actor
relevante; Por su parte el Diputado Hugo Gutiérrez quien con la frase
que el “encarnaba la soberanía del pueblo”, frase propia de un monarca
que pretende una impunidad sin límites con apenas escuálidos 14.000
votos pretende evadir un control sanitario, evadir una cuarentena, con
una arrogancia vil pretendiendo que él está en una situación de
superioridad frente a la autoridad militar puesta allí por la ley y la
Constitución, cuando nunca jamás el fuero parlamentario ha contemplado
tal cosa; ya como guinda de la torta de este caos, ayer el Ministerio
Público intentó pedir medidas cautelares personales en contra del
activista de la campaña del Rechazo Sebastián Izquierdo aun cuando el
delito que se le imputa no tiene sanción que amerite aquello,
simplemente fundando su pretensión porque la ideología de Sebastián
Izquierdo da un contexto para meterlo preso, o sea el Fiscal retrocedió a
1973-1978 en materia de libertad de opinión. Así las cosas Chile
no tiene buen destino, las autoridades del Poder Judicial, del Poder
Ejecutivo y del Poder Ejecutivo no están a la altura de la Crisis
social, moral, económica y sanitaria que aqueja el país, no respetan la
ley, no tienen conciencia del sentido y alcance de ella, actúan sin
asumir responsabilidades y aun así pretenden asumir competencias de
otros sin ejercer debidamente las propias, pareciera que a los tres
poderes del Estado les molesta el ordenamiento jurídico chileno, son
ellos a la postre, a través de sus actos, son tanto o más subversivos
contra el Estado de Derecho y la Democracia que los mismos subversivos
que dañan nuestro país en la calle.