El
alto costo de la política no obedece a una especial perversión de la
democracia chilena, algo más de cuatrocientos millones de pesos al año
cuesta cada senador, considerando dieta, asesores y gastos operacionales
y casi trescientos millones de pesos cada diputado. En España, existe
la misma crítica, en que a cada español el funcionamiento de su sistema
político cuesta la friolera de cincuenta y seis euros per cápita. Con
todo, nada de esto justifica hacer de esto una cantinela más próxima a
la envidia que a la probidad, en muchos de dichos razonamientos asoma
una peligrosa ingenuidad, asumir que la probidad se confunde con la
uniformidad de ingresos, donde el más postergado se siente con el
derecho de cuestionarlo todo, en cualquier ámbito, tomando como
referencia sus propias carencias, lo que no tiene ninguna racionalidad o
sentido de justicia en una sociedad que ha exacerbado el exitismo y el
consumo. Así planteadas las cosas parece una obscenidad el pago a un
futbolista, artista u otro deportista de talento. Entonces el problema
se traslada a otro ámbito ¿Por qué no reconocer el talento de quienes
hacen política? o al menos asumir que es un mal necesario que debe
retribuirse, caso contrario surgen argumentos extremos, tales como,
sostener que una dictadura es más barata y menos corrupta, nuestra
experiencia no fue afortunada en ese extremo, en que ni siquiera existió
el popular derecho a pataleo y la critica libre a través de la prensa.
El problema entonces no es el costo de la democracia, sino la calidad de
ésta, que en Chile debe superar el binominalismo, que surge como una
nueva forma de corrupción, en que sin controles adecuados, cada cierto
tiempo se arriban a consensos acerca de cómo retribuir la actividad que
ellos mismos desarrollan y pagan. Existe responsabilidad en los partidos
políticos que se disputan los favores sin criticas profundas, sino que
recurriendo y fomentando la envidia y cuando no el auténtico
resentimiento en tiempos de profundas carencias, saltando sin argumentos
consistentes, de un extremo a otro, de los costos de la política a la
Enap, de la empresa pública a los magistrados, de éstos a los médicos y
altos funcionarios públicos, al extremo que no queda títere con cabeza,
nadie se salva de la guillotina de un igualitarismo desenfrenado y
peligroso en sus consecuencias. No resulta comparable el costo de un
senador o un diputado y de un alto ejecutivo de Enap, siempre y cuando
éste último haya sido un aporte excepcional a la empresa. El problema
con nuestros parlamentarios es que su labor se ve infecunda, burocrática
y mediocre y por tanto con ingresos desproporcionados. Con todo, algo
les defiende y no es precisamente la dignidad intrínseca del cargo sino
que un sistema institucional en que se anuló al parlamento, restándole
atribuciones para protegernos de su perversión en la Constitución de
1980, al extremo que en Chile el gran legislador es el propio ejecutivo.
Luego, el argumento de fondo es elemental ¿De qué sirven los
parlamentarios si al final no resuelven, y el grueso de sus iniciativas
justas o no, resultan inadmisibles? Así planteada la cosa, el resultado
es distinto, el auténtico costo de la democracia deliberativa es que los
parlamentarios son de alto riesgo, una apuesta demasiado alta y por
tanto cara, si se considera el costo real que debieran tener asesorías
de calidad para obtener resultados de excelencia. Nuestra realidad
política es que no existe auténtica deliberación ni participación
ciudadana, sino que se paga porque levanten el dedo, y para eso no se
requiere de ningún talento especial, ni de asesorías especiales para
exhibir alguna que otra seudo – novedad o noticia de interés construida
sobre espacios comunes, por ésta actividad se paga demasiado, en
exceso, por su escasa significación en el resultado final.