Hace
unos años tímidamente, pero no menos convencidos, políticos de
izquierda o progresistas como se hacen llamar para encubrir su verdadero
domicilio ideológico, se referían a que el Estado se adueñara de los
fondos de pensión que los chilenos han ahorrado por muchos años. Abierta
de par en par la compuerta que les permitió alcanzar posiciones de
poder, ahora los progresistas proponen sin recato nacionalizar todos los
dineros de las AFP, que son los ahorros de cada persona, con el fin,
dicen, de financiar actividades productivas en el país. Evitan usar el
término expropiar, de amargo recuerdo en Chile bajo el gobierno
socialista y comunista de la Unidad Popular, cuando arrasaron con la
propiedad privada; gobierno del que por lo demás la izquierda se
enorgullece. Expropiar es quitarle el dominio de su propiedad a un
privado, normalmente con indemnización, por razones de utilidad pública.
La izquierda usó, abusó y abusa de tales razones, pues bajo su
concepción ideológica pasar a manos del Estado actividades productivas
privadas está dentro de su ideario y la utilidad pública puede ser
cualquiera que el gobernante estime. Por eso omiten hablar de
expropiación, pues hace unos pocos años lo hicieron sin pudor. El
resultado fue que la economía se desplomó y la inflación en nuestro país
alcanzó más del 1.000%.
Ahora
hablan de nacionalizar el dinero ahorrado para pensiones; quieren que
tales fondos ya no pertenezcan a cada persona, sino que pasen a manos
del Estado, dirigido y administrado por políticos y sus paniaguados. Al
usar este término nos quieren decir que no habrá indemnización alguna,
pues los fondos serán de todos y estarán al servicio del país. Es decir,
una expropiación sin indemnización. Pero no solo quieren hacerse del
dinero para las pensiones, sino de otras actividades productivas en
manos de privados, pues la izquierda y/o progresismo entienden que es el
Estado, que obviamente ellos administrarán, el principal agente en la
economía y de ahí que deban manejar totalmente la producción de agua
potable, de energía eléctrica, la construcción de caminos públicos, la
educación, salud y otros. Para ellos la actividad privada debe
circunscribirse a negocios de subsistencia. Si usted piensa que esto
solo es mito, lea o vea las noticias que provienen de Venezuela, Cuba, y
ahora de Perú si gana el candidato progresista de Castillo, para quien
la empresa del retail Falabella es una empresa ¡monopólica! y debe
terminar sus actividades en dicho país.
El
gobernador electo de Valparaíso, el señor Mundaca, izquierdista y/o
progresista, en una pirotecnia verbal no habla de expropiar ni
nacionalizar, sino de reapropiar lo que a su juicio deben ser
actividades o bienes que le corresponden al Estado y no a los privados.
Toda
esta concepción parte del supuesto de que la actividad económica
privada es normalmente dañina para las personas, y que el Estado siempre
hará primar el bien común, algo que la historia y la actualidad
desmienten categóricamente. En las sociedades donde el Estado es más
fuerte se produce la mayor cantidad de abusos y violación a los DD.HH.,
además de generar pobreza. El progresismo nunca habla de generar
riqueza; no se refiere a mejores empleos para las personas ni de la
libertad de emprender o de educar a los hijos. Por el contrario, ellos
siempre buscan la manera de obtener recursos ya establecidos, que les
pertenecen y son el fruto del trabajo de particulares. No nos dicen cómo
salir de la pobreza, sino igualarnos en la pobreza.