En
mi experiencia profesional me ha tocado ver un sin número de formas en
que las personas son victimas, ya sea de un delito, de acoso laboral de
su jefe, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, colegas en un servicio
público, disputas de socios, etc.
Pero
en mi opinión se ha instaurado en Chile la política del terror, en
cuanto nadie hace nada por temor a amenazas, despidos, represalias,
sumarios, demandas, y un largo etcétera.
¿Será
que la impunidad ya es parte de nuestra cultura? ¿será que no conocemos
las herramientas legales que la ley y el Estado nos provee para
defendernos?
En
uno u otro caso, hace falta un ímpetu de justicia que se extraña (el
queme llevó a estudiar derecho) no basta solo con quejarse, tampoco
basta con aceptar la situación que te tocó afrontar, en estos tiempos
convulsionados, se deben utilizar los medios que franquea la ley y el
Estado para poner fin a los abusos.
Existen
una serie de servicios públicos especializados en diversas materias,
que son capaces de dar asesoría gratuita a los ciudadanos, como el
Sernam (para la mujer), Senama (para el adulto mayor), Sernac (para los
consumidores), Defensoría Penal, etc.
También
existe el Recurso de Protección que conforme a ciertas materias
reguladas en la Constitución, permite a los ciudadanos obtener el
resguardo de sus garantías constitucionales a través de un proceso corto
ante la Corte de Apelaciones, sin necesidad de patrocinio de abogado.
Generalmente
las personas consultan a los abogados cuando ya todo esta consumado, y
sobretodo cuando el daño está hecho, al igual que los médicos, nos vemos
en la posición de remediar mas que de prevenir, lo cual sería por
cierto lo ideal.
Así
en materias contractuales, la mayor parte de la población no regula
suficientemente las obligaciones reciprocas o las responsabilidades en
caso de incumplimiento, aceptando en muchas ocasiones condiciones
totalmente abusivas ,o firmando contratos que difícilmente se pueden
exigir.
En
materia publica, son múltiples las formas comisivas de ser victima de
acoso laboral, las cuales generalmente no son denunciadas, y terminan
por convertirse en una conducta aceptada, trayendo aparejado perjuicios
psicológicos y
familiares graves para las victimas, los cuales se van acentuando con
el tiempo. Lo mismo ocurre en el ámbito laboral privado, en donde existe
un plazo de 60 días para denunciar o demandar de los abusos o
vulneraciones tanto ante la Inspección del Trabajo o derechamente ante
tribunales, quedando protegido el Trabajador por la llamada Garantía de
indemnidad, blindando su relación laboral, previniendo así un posible
despido por represalia.
Concluyo
con un consejo, más vale consultar antes que lamentar, no importa si es
en un servicio publico o a un abogado particular, lo importante es que
ante situaciones como estas, la toma de decisiones sea siempre con toda
la información disponible y asesorado de la mejor forma posible, para
poder obtener lo que es justo, poniendo fin a las injusticias.