Esta
semana no solo el gremio de los camioneros, sino cientos de gremios de
Arica a Magallanes, enviaron una carta al Presidente de la República
golpeando la mesa y con razón, están cansados que delincuentes quemen y
maten choferes, incendien y dañen sus máquinas. La única fuente laboral,
e impiden el libre tránsito en la Región de la Araucanía. Esta noticia
junto al caso del reo Celestino Córdoba, se tomó la agenda noticiosa de
la semana, ambos íntimamente relacionados.
¿Pero
por qué debiera importarnos esto a los Magallánicos? Porque la mayoría
de los bienes de consumo básico provienen del “norte” del país,
transportados por empresas regionales y choferes magallánicos que día a
día, ven amenazada su integridad física por estos atentados, que en su
mayoría han quedado en la completa impunidad, dado que una cifra pequeña
llega finalmente a condenas, debido a su gran numero, organización y un
poder judicial y fiscalía sobrepasados.
Por
otro lado, tenemos el caso del asesino Celestino Córdova, sentenciado y
declarado culpable por un Tribunal de la República por quemar vivos a
dos ancianos en su propia casa: Werner Luchsinger y Vivianne Mackay. Al
igual que en el caso de los camioneros, este asesinato hubiese quedado
impune, si no fuera porque el asesino Córdoba no pudo huir de la escena
del crimen, al estar herido y siendo aprendido a menos de 2 kilómetros
de los cuerpos aún humeantes del matrimonio Luchsinger-Mackay. No delató
a ninguno de sus cómplices asesinos y fue condenado a 18 años de
cárcel.
¿Qué
relación tiene el caso del asesino Celestino Córdoba, con los
camioneros? Ambos son ejemplo de la violencia con que actúan grupos
terroristas en la Araucanía, donde personas trabajadoras y honestas,
sufren sus consecuencias y donde los sucesivos gobiernos no les han dado
protección alguna a pesar de contar con las herramientas que nosotros
le entregamos en un Estado de Derecho: la fuerza coercitiva. Así estos
delincuentes, están sembrando el terror en la región más pobre de
nuestro país, en completa impunidad. Bueno casi completa, si no fuera a
por el caso del reo Córdoba, quien esta semana le dio un “ultimátum” al
Gobierno antes de comenzar huelga seca y posiblemente con consecuencias
más graves en su propia salud, huelga de hambre voluntaria que ya lleva
por más de dos meses, ya que cree es su delirio, es solo un “preso
político”.
Lo
preocupante es que parlamentarios nacionales y regionales, se hagan eco
de este delincuente y llamen al Gobierno a que “acoja el ultimátum”,
responsabilicen al gobierno por el posible deceso como consecuencia de
una huelga de hambre voluntaria del asesino. Aquí lo único que
corresponde en un Estado de Derecho, es la independencia de los poderes y
que el asesino Celestino Córdoba cumpla su condena.
En
Chile no puede haber parlamentarios que se crean “más autoridad” y no
respeten las leyes, no puede haber asesinos que quieran evadir su
condena por el solo hecho de ser descendientes de un pueblo indígena y
no puede haber camioneros que no puedan transitar libremente por su
propio país.
Todos somos chilenos, y todos somos (o debiéramos ser) iguales ante la ley.