Como
señalamos en columnas previas, el gran acuerdo nacional, tal como en su
usual forma grandilocuente, anunció que pretendía buscar S.E. el
Presidente de la República, nunca fue y sólo se buscaba un acuerdo para
reformular las políticas de apoyo en la emergencia que vivimos por el
Coronavirus.
Y
es así como se gesto un plan de emergencia sobre algunas materias, que
si ahondan en profundidad en lo que se ha dado en llamar el Ingreso
Familiar de Emergencia o IFE, como lo ha designado el ejecutivo, que por
cierto debió ceder y desde su propuesta de $65 mil por personas por
hogar, es decir hasta $260 mil por familia de cuatro integrantes debió
ir hasta los 400 mil pesos, por hogar, es decir 100 mil por persona.
Si el hogar tiene más integrantes el monto se ajusta, hasta llegar al
tope de 10 personas y $759 mil, por tres meses pudiendo prorrogarse
hasta por 3 meses más, todo esto fruto de las propuestas e indicaciones
parlamentarias en ambas comisiones. Si algo demoró el inicio del debate
en el parlamento de este plan, fue la porfía del Presidente,
representado en esta instancia por su Ministro de Hacienda, llegó a tal
punto que parte de los interlocutores se retiraron, unos al comienzo
como el Partido Radical y el partido del Frente Amplio Revolución
Democrática, al casi finalizar la discusión.
En
lo global el acuerdo saldo de los menos de 10.000 millones de dólares
que ofrecía el ejecutivo a través del Ministro de Hacienda, hasta los
12.000 millones de dólares que finalmente se aprobaron como marco fiscal
al decir del Ministro Briones será por 24 meses, para la protección de
los ingresos de las familias y de los trabajadores, y además, impulsar
la reactivación económica a través de planes de apoyo a empleos e
inversión.
Con
esto se inicio la discusión en la Cámara de Diputados que aprobó,
primero en la comisión de Hacienda y luego en la sala con indicaciones
hechas por los parlamentarios para mejorar el proyecto y precisar
detalles poco claros de la iniciativa. Es así como el aporte a las
familias cubrirá el 80% de las familias vulnerables y no el 60% como era
inicialmente el interés del gobierno, de igual forma si alguna familia
ve alterada su composición o su cualificación durante el proceso de
pago, este se efectuará de igual forma, hasta el último aporte asignado.
El aporte que se estableció inicialmente se encuentra pagado en su
primera cuota a quienes lo solicitaron y calificaron y si algún grupo ya
cobró la segunda cuota de 65 mil pesos, por personas tiene derecho a
que se le cancele la diferencia hasta los montos mencionados junto con
la tercera cuota por pagar. La buena noticia es que al día de hos,
jueves, la cámara de diputados ya aprobó lo mencionado y sólo resta el
trámite en el Senado, que si es en estos mismos términos, entonces esta
parte del plan de emergencia estaría lista para ser ley de la República,
faltando sólo que el ejecutivo, S.E. la promulgue, y es de esperar que
allí no se demore como ya ha ocurrido con otras leyes.
Las
materias que guardan relación con normas ambientales, con la futura
reactivación de la economía aún están por debatir y ser votadas. Donde
diversos grupos han hecho presente la necesidad de que, tal como
ocurrió con el Ingreso Familiar de Emergencia, debe ser materias de
indicaciones y modificaciones las propuestas del ejecutivo, y estaría
primando el no ir al rescate de grandes empresas como LATAM, si es que
no hay un participación directa del estado en la gestión, que deberá ser
proporcional al aporte que se solicite y entregue, tanto si es en
garantías estatales como en recursos frescos, y en ningún caso a costo
cero para la empresa, los fondos que allí potencialmente se logren
podrán fortalecer nuevamente los fondos de emergencias que el país está
usando hoy, Recordemos que estos fondos se crearon en épocas de bonanza
económica y durante los gobiernos de la Concertación y para ser usado,
en momentos de crisis y emergencias como los que vivimos, no, podrían
finalizar este comentarios sin mencionar que un fallo unánime de la IL.
Corte de Apelaciones de Antofagasta, ordenó a la AFP CUPRUM devolverles
sus fondos, la palabra la tiene ahora la Corte Suprema, y hasta la
semana que viene.