A un año del estallido social la calidad de vida de los chilenos no ha mejorado. Las demandas sociales que tanto se hicieron presentes en las masivas manifestaciones de fines de octubre y principios de noviembre de 2019 no han sido satisfechas y lejos lo que más ha dejado presente en la ciudadanía es la excesiva violencia y vandalismo, que terminaron en Magallanes con muchos emprendimientos, locales comerciales y la destrucción de espacios públicos especialmente en el centro de Punta Arenas. La ciudad es un importante factor de inclusión y justicia social. Su diseño y la calidad de la infraestructura pública inciden en los niveles de segregación social, desigualdad de oportunidades y calidad de vida de sus habitantes. Y eso se ha acrecentado espacialmente durante el último año en la capital magallánica, con ciudadanos que viven atemorizados por la alta impunidad de la justicia precisamente con quienes protagonizaron los hechos de violencia y destrucción. Invertir en la ciudad —con nuevos microbuses para el transporte público, construcción de plazas y parques, habilitación o recambio de alumbrado público, semáforos, señalizaciones de tránsito adecuadas, entre otras— es un importante esfuerzo para disminuir las brechas de equidad territorial. Quienes han protagonizado actos violentistas en espacios públicos, como por ejemplo en nuestra bella Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, destruyen mobiliario para utilizarlos como proyectiles, lejos de entregar dignidad, lo que hacen es condenar a las personas de escasos recursos, a la clase media y trabajadora —quienes más interactúan con el espacio público— a vivir en una ciudad injusta y desigual. Las demandas sociales deben ser resueltas, pero el llegar a exigirlas debe ser de una forma democrática, no perturbando el diario vivir de miles de magallánicos que producto de ello en el último año quedaron sin fuentes laborales y que la pandemia vino a agravar la situación.