La pandemia de 1918 se desarrolló en un Chile centenario, con una sociedad construida en base a la predominancia económica generadora de grandes distanciamientos sociales y que hoy, 100 años después, inexcusablemente volvemos a experimentar. En ambas situaciones, los problemas sanitarios, sociales y los sesgos inquisitorios y de financiamiento para la educación, constituyeron parte esencial de las preocupaciones de estas épocas. Hoy día, en otra pandemia, probablemente con cierto olvido y distanciamiento, el mundo ligado a la Educación chilena se apresta a conmemorar 100 años de la promulgación, un 26 de agosto de 1920, de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, surgida como consecuencia de un largo periodo de discusiones y asperezas sociales que dificultaron el razonamiento de la élite sobre una cuestión que, un siglo después, se aprecia como elemental: la obligatoriedad para todos los niños chilenos entre los 6-16 años de cursar cuatro años de enseñanza básica, en escuelas administradas por el Estado y las municipalidades del país. La historia nos relata la gran batalla conceptual que tuvieron que librar hombres de la talla de Domingo F. Sarmiento, Guillermo Blest Gana, Guillermo Matta Goyenechea, José Victorino Lastarria, Juan de Dios Arlegui, Valentín Letelier, Darío Salas, Luis Navarrete y López, Enrique Mac Iver, Pedro Bannen, Pedro Aguirre Cerda, Arturo Alessandri Palma, entre otros, quienes desde distintas posiciones y en diferentes épocas, trabajaron para mostrar a la élite gobernante, que no era suficiente un aumento del presupuesto para Educación o tener más Escuelas. Las salas seguían estando vacías. Al frente, estaba la otra cara de la sociedad que concentraba sus críticas en el excesivo poder que tendría el Estado central, en la orientación que podría tomar la educación de los niños, en la posibilidad de que se limitara la libertad de las familias de elegir la educación de sus hijos y la necesidad de incorporar (o mantener) la presencia de la enseñanza religiosa, en todas las escuelas públicas. Un denominador común en esas personas que pusieron a la Educación al servicio del desarrollo de una sociedad más fraterna e igualitaria, es su participación fecunda en las actividades de la Gran Logia de Chile. En consecuencia, no trabajaron para aportar al adiestramiento de voluntades y espíritus, sino que para establecer los fundamentos sólidos de una Educación Pública, Laica y Democrática. Aquí, se concibe a la persona como un ser que busca la trascendencia y su autorrealización, mediante una escala de valores y un compromiso responsable con todo su alrededor, sobre la base de la igualdad, tolerancia y diversidad de origen. Es la forma que permite fortalecer las relaciones humanas, indispensables para lograr ambientes de convivencia armónica para educar y crecer con compromiso en torno a la justicia y la responsabilidad social. Se requiere enfatizar, después de 100 años, la necesidad de una Educación Laica Trasformadora para la trasformación social y para cuestionar a esas mentes represivas que nos han convertido en seres empobrecidos, insulares y arrogantemente ignorantes. El centenario de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria es un símbolo que debe abrir el debate no sólo de contenidos, sino también de aspectos formativos, valores, que se fueron perdiendo en estos cien años.