La
aparente calma social derivada de la sensación, y también de evidencias
empíricas, de estar dentro de un sistema viralmente enfermo y
decadente, se ha vuelto a trastocar ya resquebrajar, marcada como
siempre por una variedad de puntos de vista, opiniones y creencias. A
una realidad inobjetable de situaciones sociales empobrecidas, que
generamos como un espejismo de sociedad moderna, avanzada y de primer
mundo, se opone un modelo de crecimiento que requiere de una continuidad
de funciones y de estructuras. Es justamente en esta discrepancia de
fondo en donde aparecen afirmaciones inconciliables y que generan, en la
pasiva mirada de muchos ciudadanos y ciudadanas, una incertidumbre más
profunda pues tiene que ver con nuestra proyección humanamente digna,
más allá de lo meramente laboral, pero y al mismo tiempo, con el dilema
de mantener una sobrevivencia día a día. La pandemia no ha tenido la
fuerza suficiente para ocultar, como declaraba publica y tempranamente
la Gran Logia el pasado octubre, una indignación social frente a un
estado de cosas que afecta cotidianamente a la gran mayoría de los y las
habitantes de nuestro país y que provoca que muchas personas vivan en
el desaliento y otras en condiciones mínimas de sobrevivencia,
marginados de las oportunidades y del reconocimiento de sus méritos y
talentos. Por el contrario, ha vuelto a poner en la discusión los
cuestionados y no consensuados conceptos de seguridad social y beneficio
definido y público, en tiempos en que, como cruel y paradójica verdad,
una persona puede llegar a generar en un día y para sí mismo millones de
dólares, mientras que, en el otro extremo, las ollas comunes producto
de las carencias básicas, se hacen parte de una solidaria normalidad
colectiva. En estos opuestos de verdades reales, aunque profundamente
controversiales en su significación humanista, pareciera que la razón se
somete a la estimación en la búsqueda de la adecuación. La solución
para el problema de la liberación parcial de los ahorros pro-jubilación
digna no puede descansar solamente en un ajuste probable de
consecuencias a futuro ya que, bajo las actuales condiciones, la
realidad está mostrando otra verdad que requiere con urgencia, una
mirada reflexiva además de social y éticamente responsable. Como se
indica en la declaración mencionada previamente, como sociedad tenemos
el desafío de poner en la mesa de la discusión republicana y avanzar en
soluciones y no en estimaciones de injusticias evidentes, producto de la
inequidad de las políticas públicas respecto a servicios y bienes como
la salud, educación, pensiones, ingresos y otros. En este contexto,
resulta también importante como un deber social irrenunciable, continuar
implementándolas condiciones cívicas necesarias para asumir un diálogo
efectivo y creíble que permita mostrar una hoja de ruta sobre bases
éticas en el ejercicio del poder y que neutralice la intensidad de los
intereses de pequeños grupos que utilizan su posición para imponer
argumentos sociales y jurídicos en detrimento de las justas aspiraciones
ciudadanas.