Esta semana que está terminando no la comenzamos de la mejor forma. El ataque a la funcionaria de la salud en la residencia sanitaria de Punta Arenas se transformó en un hecho que no sólo tuvo eco en nuestra región, sino que en todo Chile. El aberrante y cobarde ataque a nuestra TENS, generó una movilización, no sólo de quienes son funcionarios de la salud, sino que de toda una sociedad que mira con enorme respeto la labor que están cumpliendo en los difíciles momentos que estamos viviendo como humanidad. En este caso fallaron todos los protocolos e incluso el sentido común ¿Cómo es posible que no hubiese ni el más mínimo cuidado o seguridad en la residencia y que ello esté entregado a quien es el propietario del recinto? Eso no puede ser ya que es casi una obligación como chilenos el brindar seguridad a nuestro personal de la salud, independiente de que sea hombre o mujer. En lo personal, desde hace varias semanas, venía solicitando que toda aquella persona que llegue a nuestra región por el mar, y que sea sospechosa de Covid, cumpla su cuarentena en el mismo navío para evitar el exceso de personas en nuestra zona porque en este minuto no somos un ejemplo en cuanto a números, situación que nos hizo retroceder y volver a cuarentena. Tras este caso tenemos que sacar rápidas conclusiones como por ejemplo la protección que tienen en todo Chile nuestros funcionarios de la salud. Esa preocupación ya la transmití en la comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados donde solicité una serie de oficios a los ministerios de la Mujer y de Salud para conocer protocolos existentes, solicitar mayores medidas de protección y pedir los sumarios respectivos para que se asuman todas las responsabilidades. No podemos mirar para el lado porque la gravedad del asunto no puede dejar a nadie indiferente. Hay situaciones que no se pueden tolerar bajo ningún punto de vista y menos el violentar los derechos más esenciales de una mujer. Es casi una necesidad y obligación de que los protocolos de seguridad sean aumentados al máximo para que nunca nadie más en todo Chile, tenga que sufrir una situación así porque tendremos que convivir como sociedad por mucho tiempo más con el Covid – 19 y las residencias sanitarias, que ha sido una solución para miles de personas en nuestro país – chilenos y extranjeros – que simplemente no tenían donde pasar los días mientras sufren esta enfermedad. Otro aspecto – y quizás el más importante – es la grave vulneración de los derechos de una mujer, independiente si es o no trabajadora de salud. No podemos seguir permitiendo que este tipo de hechos ocurran bajo ningún punto de vista ya que refleja que como sociedad aún nos falta mucho por avanzar. Y el violar los derechos más mínimos de una persona también tiene que ser considerados para los hombres y nuestros niños. Nadie, ni en su más mínima expresión, tiene que ser violentado y menos que este tipo de hechos queden impunes. Ojalá que las autoridades judiciales establezcan las máximas sanciones para estas personas porque tiene que servir de ejemplo para que no vuelva a ocurrir nunca más. Creo que incluso da para el estudio de una figura penal que cree la agravante cuando se ataca a una persona que cumple una labor esencial en estados de excepción. Este tipo de hechos tienen que ser condenados y sancionados con la mayor rigurosidad posible, desde lo legal y lo moral como sociedad. Tenemos que cuidarnos y proteger a quienes están en la primera línea de esta pandemia porque esa es nuestra obligación como Estado. Tenemos que avanzar sin duda alguna; pero no dejar en el olvido este hecho para que saquemos las conclusiones respectivas, aprendamos y generemos un nunca más en contra de nuestro personal de la salud, y menos en contra de una mujer. Mi homenaje en estas líneas para todos aquellos funcionario de la salud que se desviven día a día por ayudarnos a ganar la batalla en contra del Covid–19.