Se acaba de anunciar que las comunas de Porvenir y Puerto Natales entran en cuarentena, sumándose de esta manera a Punta Arenas en la misma situación. Y todo esto faltando sólo 45 días para la realización del plebiscito constitucional del 25 de octubre próximo. Las cuarentenas para que surtan verdadero efecto, según hemos podido comprobar en la práctica, no deben durar menos de 30 días para que el número de personas contagiadas comience a disminuir y se estabilice e incluso, baje a cero casos diariamente, como pudimos ver en nuestra ciudad. Lo sucedido en Punta Arenas es del todo previsible que se replique en el resto del país, siendo nuestra ciudad un lugar donde observar el comportamiento de la pandemia que sirve de estudio en el norte del país.
Por otro lado, a partir del 25 de septiembre venidero, se abre el periodo en que se puede hacer campaña de manera pública por las calles y se pueden realizar actos públicos y mitines con el fin de propagar la opción que se abrace, de cara al plebiscito próximo. Es decir, para efectos de campaña política, desde esa fecha, la ley autoriza a realizar manifestaciones y concentraciones públicas.
Como nos dice el sentido común, el sólo hecho de plantear lo anterior, que por lo demás es la realidad, aparece de inmediato como algo contra intuitivo, que desafía a la lógica, porque cómo podrá ser posible que la ley electoral autorice juntarnos y salir a las calles de manera masiva a hacer campaña por una u otra opción, mientras las normas sanitarias nos obligan a quedarnos en casa y a aislarnos física y socialmente del resto de las personas.
La otra opción es que en el país todas las cuarentenas se levanten a partir del día 25 de septiembre próximo, de manera que todos los que quieran se vuelquen a las calles a realizar masivamente las campañas políticas de su preferencia. Pareciera que costará cuadrar el círculo.
A este panorama hay que agregar que hasta el 14 de septiembre próximo estará vigente el estado de catástrofe, que es la macro norma que permite restringir las libertades a los ciudadanos con el fin de resguardar, en el caso de la pandemia, la salud de los habitantes de este país. Se ha podido leer en la prensa que el Gobierno tiene pensado extender dicho estado excepcional hasta el 24 de septiembre, para que a partir del día siguiente se levanten todas las restricciones para efectos del plebiscito. Una vez más, y como se comprenderá, si se termina el estado de excepción constitucional, deberán restituirnos nuestras libertades cívicas, lo que implicaría por ejemplo, poder circular sin restricciones por las calles de nuestra ciudad.
Quienes ardorosamente han defendido que la salud es lo primero por sobre toda otra consideración, sin siquiera tratar de equilibrar la salud y la economía (aunque ello signifique la ruina económica definitiva de muchas pequeñas y medianas empresas, y la cesantía de millones de chilenos), que en el ámbito político ha sido la izquierda, curiosamente ahora ya nos les parece que la salud está primero, y que un acto electoral masivo, que supone necesariamente mucha movilidad en las calles para efectos de campaña como el día mismo del plebiscito, es la prioridad número uno en el país. Es decir, si antes declaraban que el cuidado de la salud debía estar por sobre cualquier otra consideración, resulta que ahora relegan la salud a un segundo plano y privilegian sus motivaciones políticas, desnudando de esta manera que su interés por los aspectos sanitarios, sólo era un arma política más para sus intereses ideológicos.