El
comunicador Tomás Mosciatti, durante esta semana, nos relató uno de los
hecho más ilustrativos de la decadencia del Estado de Derecho en los
últimos años que revela la falta de convicción de parte del Sistema
Judicial Chileno y del Ministerio Público en la preservación del orden
público y en la legitimidad del poder ejecutivo en la aplicación de las
leyes.
Así
nos relató que en la madrugada del 13 de mayo de 2020 a las 04:00AM, en
la Región del Bio Bio, en Lota, bajo toque de queda, una patrulla de la
Armada transitaba a pie en pleno centro por la plaza Salvador Allende,
patrulla compuesta por el soldado Kevin Alejandro Fica, el Cabo Primero
Carlos Elier Villa y el soldado primero José
Ignacio Epulef, comenzaron a cruzar por el paso de cebra de la calle
Serrano, cuando en ese momento vieron un vehículo color gris marca jeep,
y le hicieron señas de “alto”, pero el vehículo no intentó detenerse
sino que aceleró contra ellos, y estuvo a punto de arrollarlos, uno de
los soldados cayo al suelo hacia un costado, otro soldado disparó con
una escopeta antidisturbios un balín de goma que rebotó en la carrocería
del vehículo, y el otro soldado disparó al aire una bala de fogueo
(ruido), y el conductor escapó. La patrulla agredida acudió
inmediatamente a la Tercera Comisaría de Carabineros a denunciar el
hecho, expresando que el conductor no había obedecido la señal de
detenerse y que por el contrario había lanzado el vehículo en contra de
ellos; la Comisaría de Carabineros llamó al Fiscal de Turno Enzo Osorio
Calvo, y el Fiscal ordenó a Carabineros que le tome declaración a los
soldados pero no como denunciantes, sino como imputados, sin ningún
antecedente adicional, los soldados pasaron a ser de víctimas a
eventuales victimarios, por lo que los soldados se acogieron a su
derecho a guardar silencio.
Los
soldados se vieron en la necesidad de acudir con un recurso de amparo
ante la Corte de Apelaciones de Concepción y la Corte les dio la razón
por que no había ningún elemento objetivo para considerarlos imputados,
no hay delito simplemente estaban haciendo uso de sus funciones, pero el
asunto se complicó por que la Fiscalía a través de Jorge Abbot apeló a
la Corte Suprema, y la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de
Apelaciones de Concepción y le dió la razón ala fiscalía, expresando que
las Cortes no pueden revisar la actuación de los Fiscales en esa etapa
procesal.
La
Corte Suprema cuando quiere expresa que nada puede quedar fuera de la
esfera de su competencia, recordemos la aberración de la Tercera Sala de
la Corte Suprema al inmiscuirse en la competencia del Tribunal
Constitucional el
año pasado, pero en otros momentos como este, expresa que hay órganos
que están fuera de su control, olvidando por un momento, que la acción
constitucional de amparo tiene por objeto el resguardo de derechos
humanos conculcados como el caso de los tres soldados.
Si
bien algunos expresan que esto se produce por una sensación de anomia
en la Corte Suprema, yo más bien advierto una militancia profunda en
algunos sectores del Poder Judicial y el Ministerio Público que ven a la
autoridad del Estado Democrático Liberal como sostén de un sistema
socioeconómico opresor ilegítimo, y por ende tales fiscales y
magistrados harán todo lo que esté a su alcance por torcer el imperio
del derecho que según ellos tiene un origen viciado.
Así
lo hemos podido ver en el Caso Luchinger Mackay en donde un Magistrado
(José Ignacio Rau) tuvo la desfachatez de presentarse vestido de rojo
ante los familiares de las victimas incineradas absolviendo junto a sus
dos colegas a todos los imputados, (decisión que luego fue revocada en
otras instancias lográndose la condena de un solo terrorista), así lo
hemos podido ver cuando un magistrado de un juzgado de garantía deja en
libertad a un imputado por tráfico de drogas y explosivos de guerra C-4,
decisión revocada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso (RIT
O-5028-2020).
Así
esta falta de convicción de parte de quienes tienen el poder de juzgar o
investigar esta produciendo una grave debilidad del Estado de Derecho y
la Democracia. Para James Piazza, especialista en terrorismo, adhiere a
la idea que una democracia con instituciones débiles demuestra mayor
propensión en relegar la fuerza a ciertos grupos quienes se transforman
en “terroristas”