La
visita esta semana del Presidente argentino, Alberto Fernández, pone
sobre la mesa asuntos de integridad territorial de nuestra Región de
Magallanes, siendo el más importante la reclamación argentina sobre
9.000 kms2 de suelo marino chileno al sureste de las islas Diego
Ramírez.
Impulsado por el gobierno argentino en 2009, nuestro país recién meses atrás reparó sobre la amenaza real de este reclamo, que en
la práctica dificulta la proyección geográfica de Magallanes al
Territorio Antártico chileno. Inentendible es que hayan debido
transcurrir más de 11 años sin que el Estado chileno y sus organismos
técnicos se atreviera a objetar la pretensión argentina.
Este
caso singulariza uno de los problemas que significa para Magallanes ser
gobernada a 2.700 kms de distancia, desde Santiago. Nuestra región se
proyecta geográficamente como un territorio vasto en recursos, como una
continuidad desde/hacia la Península Antártica, que concentra tal
variedad y cantidad de recursos, que, o no son comprendidos por el
centralismo o bien son usados como trueque para alcanzar otros fines, en
la mayoría de los casos lejos de Magallanes y las necesidades de sus
familias.
La dejadez en la defensa de nuestros recursos naturales sólo podremos cambiarla provocando un
cambio en la sala de mando que otorga poderes casi absolutos a los
Presidentes en el manejo de la política exterior y los recursos
naturales de las regiones. El caso de la plataforma continental que
reclama Argentina y la desprolijidad exhibida ante este delicado asunto,
evidencia la importancia que la comunidad magallánica tenga no sólo
derecho al reclamo, sino potestad en iniciativas y decisiones que pongan
en peligro su integridad territorial o sus recursos.