La
situación que salió a la luz en la prensa respecto de la expansión de
la industria acuícola en la Reserva Nacional Kawésqar da cuenta de la
fragilidad que tiene nuestro sistema de Áreas Protegidas. La presión
para la expansión de esta industria está vulnerando el marco regulatorio
que hay en Chile respecto de la exigencia de que este tipo de proyectos
se sometan a Estudios de Impacto Ambiental, y no solo a Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) cuando se trata de Áreas Protegidas. Además de
la Ley 19.300 que regula claramente los tipos de actividades que deben
someterse a dicho proceso, el decreto de creación de la Reserva Nacional
Kawésqar ordena cumplir como Ley de la República la Convención de
Washington sobre la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas
naturales de América.
La
Reserva Nacional Kawésqar se crea luego de la reclasificación de la ex
Reserva Forestal Alacalufes en parque nacional, la cual solo consideró
las superficies terrestres, dejando fuera la porción de agua que estaba
protegida en la ex Reserva Forestal. Ante esta situación, Contraloría
aplicó el principio de no regresión, declarando las aguas como Reserva
Nacional. Esta reserva carece, por ahora, del plan de manejo que es su
instrumento de administración, pero esto no debe ser una excusa para
expandir una actividad incompatible dentro de esta área protegida. Es
vital que se disponga de todo el tiempo necesario en la elaboración de
dicho plan, donde se releve la importancia ecológica de la reserva y se
incluya la visión de los actores regionales, pero por sobre todo de las
comunidades Kawésqar.
La
Reserva Nacional Kawésqar debe tener el mayor grado de protección para
ser un espejo de conservación del ecosistema terrestre. Ambos
ecosistemas están estrechamente vinculados y debemos mirarlos de forma
integrada.
Lo
que está pasando en Kawésqar revela una falla en un importante proceso
que establece nuestra ley, cuya esencia es evaluar los impactos
ambientales de los proyectos. Si este proceso es pasado por alto y se
facilita la realización de una actividad industrial dentro de un área
protegida mediante un reglamento más laxo, perdemos todos los chilenos.
Esta falencia también nos hace cuestionarnos cómo se está llevando a
cabo este proceso en el resto del país. Corregir esta situación es
necesario. En nuestro país hay un conflicto permanente entre producción y
conservación.
Si
bien como país hemos avanzado mucho en el porcentaje de Áreas
Protegidas, con un 25% terrestre y un 40% del mar, aún queda mucho
camino por recorrer para que esta conservación sea representativa y
efectiva para asegurar el largo plazo en la protección de nuestro
patrimonio natural.