La
República Argentina, aún cuando ha tenido una de las cuarentenas más
duras del continente y sin anunciar un pronto retorno a clases, anticipa
un instructivo pensando en el retorno, tanto en las universidades como
en la educación básica y media, algo que aprender. Se destacan las
siguientes medidas:
El uso de mascarilla será obligatorio, en las aulas, los patios y los pasillos. Se realizarán controles de
temperatura y, deberá haber en los espacios comunes elementos
sanitizantes, como alcohol en gel, para la higiene de manos. En las
aulas, la cantidad máxima de alumnos estará dictada por la relación
entre la superficie total y el distanciamiento social, mínimo y
obligatorio, que será de 1,5 metros. En caso de presentarse un caso
sospechoso, todo el grupo de estudiantes y docentes al que pertenece ese
alumno deberá abstenerse de asistir a clase hasta que se confirme o
descarte la infección de Covid-19 .
Las escuelas deberán incorporar obligatoriamente nuevas normas y
pautas para el regreso a las clases presenciales, previsto para agosto
próximo en el 85 % del país. O sea, por la unanimidad de las autoridades
sectoriales y las comunidades educativas se han elaborado los
lineamientos generales para el retorno a las aulas en las universidades e
institutos de educación superior aunque aún no exista fecha estimada
para un retorno seguro. Todo, un ejemplo de trabajo serio, coordinado y
realizado con la debida anticipación.
El nuevo protocolo constituye un piso mínimo de requerimientos
sobre los cuales cada institución podrá definir criterios específicos
que se adapten a las particularidades de las actividades que realizan.
“El compromiso del cuidado de la salud es nuestra prioridad, se sostiene
por la autoridad del Ministerio de Educación”.
En cambio, en nuestro país, a la chilena, no se ha trabajado en
la construcción del regreso a la presencialidad que demanda de profundos
consensos de todas las comunidades educativas. Con seguridad la
decisión del regreso físico a las aulas será tomada a nivel central, con
prescindencia de la opinión de cada Seremi y sostenedor, sin
consideración a la situación epidemiológica de cada región, y
presumiblemente sin que se garanticen las debidas condiciones
sanitarias, esto se puede inferir de la escasa planificación y
deficiente información hacia las comunidades educativas.
El manejo de la educación pública en pandemia ha sido
desastroso, la salud de los alumnos y trabajadores se ha entregado a la
suerte de cada familia, la suspensión de actividades no ha sido
completa para el personal, en cuanto a los resultados la suspensión de
pruebas, evaluaciones y promociones sin que se cursen los contenidos
mínimos ha privado a los alumnos de la calidad de la educación a que
tienen derecho, las clases online sincrónicas y asincrónicas han quedado
entregadas a la buena disposición y esfuerzo de cada profesor y
trabajador de la educación, sin una política pública clara que capacite,
oriente y entregue respuestas concretas.
Aparte de buenas intenciones ni siquiera se ha trabajado sobre la
base de los planos conocidos de cada establecimiento, para que en las
instalaciones existentes se observen normas claras respecto del uso de
los espacios, como la ventilación, áreas de trabajo, flujo y circulación
de estudiantes, trabajadores y comunidades educativas. O sea, no cabe
dudas que un pronto retorno a clases se hace inviable por la imprevisión
del Gobierno, que entendió que esta pandemia era una gripecita que se
podía sortear con anticipar vacaciones, lo que se evidenció además de
temerario y peligroso para la salud y la vida de trabajadores y
estudiantes.
Se requiere con urgencia construir un protocolo con normas
concretas que importen planificar cuidadosamente el retorno a clases
presenciales, su omisión importaría una clara vulneración a los derechos
fundamentales de todos las integrantes de las comunidades educativas,
ello importa asumir el reordenamiento de los establecimientos y personal, acordes a las capacidades y recursos disponibles, no se escucha padre.