A fines de agosto, hace ya tres meses, la diputada Pamela Jiles, junto a otros parlamentarios de oposición, presentaba un proyecto que permitiera un segundo retiro del 10% de las AFP, como una forma de atender las necesidades económicas urgentes de la ciudadanía producto de la pandemia. Se esperaba una reacción del Gobierno para corregir las medidas económicas y propiciar nuevas ayudas hacia las familias que lo están pasando mal. Nada de eso hubo y el proyecto siguió tramitación.
El 10 de noviembre la Cámara de Diputados aprueba con amplia mayoría el proyecto que permite un segundo retiro. Pese a que el Gobierno llamó a sus diputados a rechazar la iniciativa (con los argumentos de inconstitucionalidad, que las rentas más altas pagaran impuestos por sus retiros y que la economía experimenta un repunte) la iniciativa contó con 130 votos a favor, con el apoyo de más de la mitad de los parlamentarios de Chile Vamos. Derrota absoluta para el Gobierno y para su estrategia de ayuda social que, a juicio de todos, ha sido un desastre durante toda la pandemia.
Frente a la inminente posibilidad de acceder a un segundo retiro el Gobierno despliega una nueva estrategia. Primero, pasa de la inacción y oposición al retiro a la apropiación de la idea, presentando su propio proyecto, aunque con una serie de limitaciones (monto menor, menor cobertura, pago de impuesto, plazo mayor para hacerlo efectivo, reintegro de fondos). Y segundo, recurre al Tribunal Constitucional para bloquear la iniciativa de la Cámara de Diputados.
El Senado, por tanto, debió analizar dos proyectos que apuntan al retiro del 10%. Sin embargo, la decisión estaba bajo un jaque político: la posibilidad del todo o nada. Es decir, de rechazarse en el Senado el proyecto del ejecutivo y si el TC declaraba inconstitucional el proyecto de la oposición no habría retiro. La tesis de defensa de los senadores de oposición se basaba en que el proyecto es una reforma constitucional por tanto es absurdo declararlo inconstitucional. Por otro lado, estaba la idea latente que el TC tiene mayoría oficialista, lo cual hacia probable que el proyecto podía ser rechazado. Por lo anterior, se habría la alternativa de aprobar en el Senado el proyecto del ejecutivo como una forma de asegurar el retiro y tres senadores de oposición avalaron esa tesis. Ello, sin embargo, descomprimió la presión en los Senadores de Chile Vamos que se habían manifestado a favor del proyecto de la oposición, lo que finalmente llevó a que el proyecto original fuese rechazado. En la práctica, ahora sólo queda la posibilidad que la Cámara de Diputados corrija las limitaciones aún presentes en el proyecto del ejecutivo, para que el retiro sea efectivo, rápido, universal y sin carga impositiva, al menos a las rentas bajas.
Raya para la suma. El Gobierno sigue llegando tarde para apoyar las familias y sigue improvisando. Hasta sus propios parlamentarios lo reconocen. Si el Gobierno no corrige sus medidas económicas, si las ayudas no llegan, los fondos previsionales seguirán siendo una alternativa. Lo que nos lleva a concluir que hay una gran tarea pendiente: construir un verdadero sistema de seguridad social.