La
pandemia del coronavirus ha sido enfrentada de diferentes maneras en el
mundo, ya que muchos países han preferido privilegiar la actividad
económica por encima de medidas que solo se presume, son eficaces para
combatir dicha pandemia, no obstante las cuales siguen los contagios y
las muertes.
Los resultados han sido disimiles, y evidencian no existe una norma
oficial al respecto, nadie es ni puede ser experto en un virus conocido
apenas hace cinco meses.
Lo cierto es que los efectos económicos de la pandemia del “virus
chino” están siendo catastróficos en las economías, refrendando las
crecientes sospechas sobre el carácter intención al de una infección
creada para contagiar el mundo de pánico y de ruina. Nuestro país no es
la excepción. Las cifras son del terror, la cesantía real en nuestro
país entre tales cifras propiamente tales, mas los 600.000 personas con
el empleo “suspendido” hasta por tres meses y que por ende no cuentan
pero igual disminuyeron sus ingresos, más un porcentaje incierto de
personas que dejaron de buscar empleo simplemente porque saben no hay y
solo gastan en ello, más el ahora revelado 30% de compatriotas con
“empleo informal” que prácticamente ha desaparecido… solo sumando
estamos alrededor del 50% de la masa laboral del país sin trabajo ni
ingresos, o muy reducidos, y se sabe quedan meses de esta pandemia.
Esta cesantía creciente y ruina de negocios e industrias, de todos
los tamaños, son derivadas directamente de medidas impuestas por la
autoridad sanitaria, en uso de las facultades del estado constitucional
de excepción, de catástrofe. No se discuten.
Sin embargo y en eso se diferencia una sociedad civilizada y moderna
de un Estado absolutista de siglos atrás, los ciudadanos no somos
súbditos sumisos que debemos aguantar lo que a la autoridad se le
ocurra. Para eso existe una norma fundamental llamada “Constitución
Política”, y la que tenemos establece claramente a propósito del estado
de excepción, que las personas que hayan sido afectadas por el Estado en
su derecho de propiedad, tienen derecho a ser resarcidos por el mismo Estado.
Los restaurantes, cafés, comercios varios, cines, transporte de
pasajeros, ¿no son acaso actividades lícitas, protegidas por la ley, que
pagan patentes e impuestos? Por supuesto lo son, y un largo etcétera.
Su ejercicio responde al ejercicio del derecho de propiedad de los
individuos sobre sus propias actividades y empleos, los mismos que hoy
por resolución de autoridad han desaparecido, perdido, se han o están
arruinando. Alguien podrá decir “es que es necesario por la salud
pública y salvar la vida de las personas”. Pero ello no esta del todo
claro, y como sea la norma constitucional no deja excepciones ni
justificaciones para el actuar demoledor de normas de autoridad. Todo el
que se sienta afectado en su derecho de propiedad tiene derecho a ser
indemnizado, a demandar al Fisco (Estado) por los daños y perjuicios.
Empresarios y también trabajadores, de todos los tamaños y rubros.
Es cierto, a Ud el Estado le puede confiscar sus vehículos, cerrar sus
establecimientos, prohibirle atender clientes a cenar, pero Ud tiene
derechos frente al Estado y la norma constitucional le garantiza ese
derecho, gracias a la vilipendiada constitución que nos rige. Acá no
caben muchas interpretaciones, la norma es clara
Conque seria bueno nos empecemos a ocupar de reclamar nuestros
derechos y hacer frente a la responsabilidad del Estado, sobre todo
cuando nos cobren patentes e impuestos mientras no se ha podido
trabajar. Así que el Estado deberá hacer caja también para solventar
miles de demandas por daños y perjuicios que de seguro se le vendrán
encima. El que rompe, paga. Y el Estado no tiene privilegios ni ventajas
frente al individuo. Los derechos de las personas prevalecen frente al
Estado de Chile, que no es irresponsable.