De cara a la redacción de una Constitución distinta a la actual, subyace como una discusión el rol del Estado. Cuál sería la relación adecuada entre el ciudadano común y corriente y el aparato estatal. Las posiciones van desde un Estado altamente interventor en casi todos los ámbitos de la vida (qué comer, cuánto dinero se puede ganar, qué personas pueden ser elegidas, qué opinar públicamente, qué empresas no pueden existir, cuánto dinero le quita el Estado a las personas, etc), hasta quienes piensan en la abolición de las estructuras estatales, pues confían en que los particulares sabiendo sus necesidades, se agruparán privadamente para resolverlas, pues ningún funcionario público puede saber con claridad las necesidades de cada persona, sino que por el contrario, entorpecerá la capacidad creadora de los individuos. Se entiende que labores como el resguardo de la seguridad pública como la nacional, la administración de justicia son labores que esencialmente corresponden al Estado, dejando a la iniciativa de los particulares el desarrollo de sus relaciones. ¿Es posible prescindir del él, dejando a los particulares la total libertad de vivir conforme se quiera vivir, respetando el derecho de los demás? Pareciera que en países donde sus habitantes no tengan una gran instrucción, se hace más difícil la prescindencia del Estado, pues los más poderosos en distintos ámbitos (político, económico, físico, moral, etc.), tenderán a subyugar a los más débiles. La existencia de un Estado no garantiza que éste tenga la virtud de protegernos. Muy por el contrario, ha sido precisamente donde el Estado ha tenido un gran protagonismo, cuando las libertades y los derechos humanos han sido violados casi sin contrapeso. Dejar que el aparato estatal aumente indiscriminadamente, como ha sucedido en Chile, so pretexto que tendremos una mejor sociedad, no tiene respaldo en los hechos. Más de un millón de funcionarios públicos existen hoy en nuestro país, y sin embargo, quienes han permitido dicho aumento, se quejan públicamente hoy que el Estado ha fallado, que no está a la altura de las circunstancias. ¿Es que acaso se debe agrandar el Estado, creando más servicios públicos, más funciones para que realmente pueda servir a los ciudadanos? Como se puede apreciar, el camino no es ingresar más personas al servicio público, ni crear reparticiones para satisfacer necesidades que muchas veces se pueden resolver sólo cumpliendo las leyes vigentes. Creado un servicio público, irremediablemente con el tiempo irá solicitando más recursos, más infraestructura, más personal, gravando y aumentado más el gasto público, lo que conlleva también irremediablemente un aumento de impuestos para obtener recursos que mantengan ese flamante nuevo servicio público. Otros aluden a un Estado eficiente, no más grande; sin embargo, cuando han gobernado por largos años, se dedicaron a contratar más funcionarios públicos, crear más reparticiones estatales, sin que asome en los hechos que sus creaciones sean necesariamente más eficientes. Por eso se debe advertir el peligro de darle al Estado más recursos, pues la mejor política pública es la mayor libertad posible para que los particulares creen empresas de todo tipo, generando empleos y riqueza para sus dueños y trabajadores. Esto necesariamente implicará la reducción del Estado, pues las prestaciones públicas tenderán a bajar dado el mejor estándar económico de los ciudadanos. El Estado no es nunca virtuoso, sino entorpecedor de la libre iniciativa de los ciudadanos.